La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo que imponga 24 años de prisión al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por los cinco presuntos delitos que le atribuye –pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada– en el marco de la supuesta trama de mascarillas en el ‘caso Koldo’. También ha reclamado que le obligue a pagar una multa de 3,9 millones de euros.
Así consta en el escrito de acusación, que ha presentado el jefe de la Fiscalía Especializada, Alejandro Luzón, de cara al juicio que se celebrará contra el exdirigente socialista por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes que dirigía durante la pandemia.
El escrito tiene lugar después de que el pasado 3 de noviembre el magistrado instructor, Leopoldo Puente, propusiera juzgar a Ábalos, al exasesor ministerial de éste, Koldo García, y al empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.
En lo que respecta a Koldo García, Luzón pide al Supremo que le imponga la pena de 19 años y medio de prisión por los mismos delitos que atribuye a Ábalos: pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. De igual forma, solicita que se le reclame una multa de 3,9 millones de euros.
Al margen, la Fiscalía pide que se obligue a Ábalos y a Koldo a indemnizar «conjunta y solidariamente» a Ineco –en 34.477,86 euros– y a Tragsatec –en 9.500,54 euros–. Y subraya también la necesidad de «acordar el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho, por importe de, al menos, 430.298,4 euros».
ATENUANTE DE CONFESIÓN PARA ALDAMA
En el caso de De Aldama, el fiscal aprecia la atenuante de confesión y solicita que se le condene a 7 años de prisión por tres de los delitos que atribuye a Ábalos y Koldo: pertenencia a organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. Y le reclama una multa de 3,8 millones de euros, ligeramente inferior a la del exministro y el exasesor.
Fue en noviembre de 2024 cuando el empresario declaró en la Audiencia Nacional en otro caso (por presunto fraude en el sector de hidrocarburos) para confirmar los hechos que ya se investigaban en el ‘caso Koldo’ y revelar otros, tanto en relación con la trama de mascarillas como de la trama de obra pública que, en ese momento, no se conocía. Tras dicha declaración, quedó en libertad.
Anticorrupción resalta ahora esa declaración al considerar que «se trata de manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento».
KOLDO, EL «ALTER EGO» DE ÁBALOS
La Fiscalía sostiene que el origen del binomio Ábalos-Koldo surgió por recomendación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien propuso que se contratara a García como conductor. «Más allá de un vínculo puramente profesional, Koldo ofrecería también a Ábalos un compromiso militante y una plena disponibilidad a sus necesidades», subraya para luego apuntar que ello derivó en que el exasesor se mudara a Madrid y pasara a ser asalariado del PSOE desde 2017.
A partir de entonces, Anticorrupción considera que Koldo fue «el alter ego» de Ábalos durante su mandato en el Ministerio hasta el punto de que, tanto en Transportes como en otras administraciones públicas, «se sobreentendía» que era «el fiel transmisor de las decisiones y los deseos» del ministro.
Además, recalca que Koldo «manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo» de Ábalos, que «con frecuencia se confundían con las propias, actuando de facto como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración» de De Aldama.
Según la Fiscalía, el empresario conoció a Koldo en agosto de 2018 a través de su hermano –Rubén de Aldama–, quien trabajaba como escolta en Transportes. Y «en los meses siguientes» recibió encargos del ministro a través del exasesor para gestionar, entre otros, negocios con México o Venezuela. Fue a raíz del desarrollo de estas «relaciones personales», que los tres vieron «la oportunidad de obtener un común beneficio económico».
«MUY EFICAZ» REPARTO DE FUNCIONES
Luzón entiende que «con tal ánimo de enriquecimiento» los tres «convinieron» aprovecharse del cargo que ostentaba Ábalos para «favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la administración pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería De Aldama».
«Con este fin, cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz», sostiene el fiscal, al tiempo que destaca que Koldo y De Aldama consideraban a Ábalos «el jefe».
En el caso del empresario, la Fiscalía le sitúa como «la persona que en beneficio propio y de terceros» –aprovechando su «influencia» sobre Koldo y Ábalos con el «pago continuado de elevadas cantidades de dinero»– consiguió para sí o para otros la adjudicación de determinados contratos.
«En la organización así conformada, De Aldama era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración para (…) hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria (…) siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y a Koldo», precisa.
UNA ORGANIZACIÓN CON «INNEGABLE VOCACIÓN DE PERMANENCIA EN EL TIEMPO»
En este punto, Anticorrupción remarca que los tres acusados «acordaron la futura comisión de delitos (…) conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando». Y destaca que los tres eran «apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios» de Transportes, como por distintas personas del entorno empresarial de De Aldama y por familiares de Koldo.
El fiscal incide en que la organización nació «con innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida» de Ábalos y Koldo de Transportes.
Para Luzón, la «cohesión» de esta presunta organización criminal «no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos (…) sino también en la facilitación» a De Aldama de una «interlocución privilegiada» en sus relaciones con Transportes y «otros departamentos ministeriales», así como con «diferentes administraciones públicas».
Entre las primeras gestiones, la Fiscalía menciona los salvoconductos que se emitieron durante el estado de alarma por parte del gabinete de Ábalos para empresarios venezolanos; la recomendación que Koldo hizo para que De Aldama se reuniera con el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; y las encomiendas llevadas a cabo ante otras administraciones que incluyen la intervención del exasesor para la sociedad vinculada al empresario para la venta de mascarillas a Canarias y Baleares.
Señala como contraprestación el contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid que De Aldama firmó en favor de Ábalos como una de las «comisiones ilícitas» que percibió el exdirigente socialista. Y destaca el pago de 10.000 euros mensuales que De Aldama hizo a Koldo desde octubre de 2019 hasta julio de 2022.
