La jueza del ‘caso cuarteles’, en el que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en varias comandancias, ha abierto juicio oral contra el teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava y el empresario Ángel Ramón Tejera de León, conocido como ‘Mon’, por presunto delito de cohecho. Estas obras de acondicionamiento o reforma se llevaron a cabo en acuartelamientos de A Coruña, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Murcia, detalla la jueza.
En un auto al que ha tenido acceso EFE la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid abre juicio oral, que se celebrará con tribunal de jurado en la Audiencia Provincial de Madrid en una fecha por determinar, contra los dos investigados que mantenía en la causa, al ver indicios suficientes de que Jarava pudo facilitar que se diesen obras al empresario a cambio de dádivas como viajes o ingresos de dinero.
El pasado mes de enero la magistrada archivó este proceso para el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, exjefe de la Comandancia de Ávila, y el empresario Salvador Gutiérrez Espinosa, dado que ninguna de las acusaciones les imputaba finalmente. También confirmó el archivo de las pesquisas respecto a las dos personas que declararon como investigadas ante la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil.
Ahora la jueza abre juicio contra los dos investigados que mantenía por presunto cohecho; en el caso del exmando de la Guardia Civil ya jubilado en su calidad de funcionario público entre octubre de 2015 y enero de 2018. En esos casi dos años y medio en los que Javara fue subdirector general de Apoyo del instituto armado, firmó 120 facturas a favor de empresas de ‘Mon’ -cuyo nombre apareció en las escuchas del caso Mediador- por un total de 2.151.104 euros.
Estas obras de acondicionamiento o reforma se llevaron a cabo en acuartelamientos de A Coruña, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Murcia, detalla la jueza.
En total, en el período comprendido entre 2008 y 2021 distintas unidades territoriales de la Guardia Civil adjudicaron 218 contratos de obra a empresas administradas por Ramón Tejera de León por un importe completo de 3.450.340 euros, precisa el auto, que imputa a los dos acusados los hechos ocurridos entre octubre 2015 y enero de 2018.
En este período, el entonces subdirector general de Apoyo del instituto armado tenía la facultad de descentralizar crédito para atender gastos y necesidades de la organización periférica de la Guardia Civil -que incluye las diferentes zonas y comandancias- y «aprovechando dicha circunstancia» puso a disposición de varias comandancias diferentes cantidades de crédito para que sufragasen obras.
«Paralelamente a ello Vázquez Jarava comunicaba a los responsables de los órganos periféricos el nombre de Ángel Ramón Tejera de León, con quien él mantenía relación de amistad, facilitando sus datos y los de las empresas de éste (…), explicando que el mismo comercializaba un novedoso producto destinado a evitar humedades», añade el auto.
La jueza explica que además en los años 2016 y 2017 constan varios viajes y alojamientos del teniente general y su familia, así como algunas mejoras en su domicilio familiar, que fueron presuntamente sufragados por el empresario investigado.
Consta también el ingreso fraccionado en las cuentas bancarias de Jarava -en noviembre de 2016- de varias partidas que suman 45.700 euros y que se vinculan a la compra de una vivienda en Cádiz. El origen de este dinero «no se ha acreditado» pero coincide con retiradas de cantidades en la cuentas del empresario, explica el auto.
La magistrada pormenoriza una decena de pagos del empresario al guardia civil, como la compra de varios billetes de avión para acudir a la final de Champion League de 2016 a Milán, por un total de 1.970 euros, y a la final del mismo torneo al año siguiente por 1.410 euros, así como varias estancias en Canarias y la compra de un cobertor por 1.650 euros para la piscina de la vivienda de Jarava.
La magistrada no acepta los argumentos esgrimidos por las defensas de los investigados, que coinciden entre sí y niegan irregularidades.
