El Grupo Popular de la Diputación Provincial de Albacete ha expresado su satisfacción por el respaldo unánime de los grupos políticos a la moción presentada para instar, tanto a la Junta de Comunidades como a la Agencia del Agua de CLM, a la paralización temporal de la obligación de abonar el llamado ‘canon del agua’, derivado de las pérdidas por fugas en las redes municipales.
De la misma forma, el PP ha lamentado que la iniciativa para que la derogación del ‘tasazo estatal de las basuras’ que vulnera la autonomía y la potestad tributaria local, no haya tenido el respaldo del Partido Socialista en la Diputación de Albacete.
Con respecto a la primera moción, relativa a la petición de una moratoria de cinco años para aplicar el canon de la Directiva Marco del Agua, la diputada provincial ‘popular’ Josefa Montes ha explicado que la renovación de la red de agua en los pueblos de la provincia de Albacete requiere de tiempo y recursos necesarios para realizar una fuerte inversión, pues se estima que entre el 25 y el 30 por ciento del agua que suministran los Ayuntamientos, termina perdiéndose por averías de la red.
«Esta moratoria no es un capricho», aseguran desde el PP de Albacete
“Parece razonable que antes de penalizar por el volumen de agua suministrado, se conceda un tiempo de al menos cinco años, condicionada a la renovación de la red que alcance la eficiencia y ahorro que pretende la Directiva Marco del Agua; así, esta moratoria no es un capricho, sino una necesidad, para que los proyectos técnicos puedan contar con los recursos y el apoyo técnico de la Junta de Comunidades, Diputación de Albacete y Federación de Municipios de Castilla-La Mancha, con especial incidencia en los pueblos de menor tamaño”.
“Por lo tanto, antes de penalizar, habría que dar tiempo y apoyo. Esta moratoria de al menos cinco años permitiría auditar, planificar e invertir con criterio, vamos a corregir primero la ineficiencia y después vamos a aplicar el tributo. Entendemos que este sería el orden lógico y justo. El canon, tal y como está planteado ahora, supone en la práctica una doble penalización: Primero el Ayuntamiento pierde el agua y después debe pagar por ella, reduciendo con esta carga la capacidad de invertir en la propia red”, ha aseverado Josefa Montes.
