Recientemente ha concluido el periodo de alegaciones al borrador de un futuro decreto de la JCCM que regulará, según cita textual, “la formación en Sanidad Animal e Higiene en materia de caza para personas participantes en actividades cinegéticas” en Castilla-La Mancha. En su introducción, aparte de buscar una justificación o argumentación legal más que discutible, basada en un reglamento europeo de hace veintiún años, se habla de “preservar determinadas tradiciones cinegéticas y de la necesidad de prever una formación destinada a determinadas personas que puedan proceder a realizar un primer examen de las vísceras blancas, (sic), de la caza silvestre sobre el terreno”.
Resumidamente, en el borrador en cuestión se establecen los trámites, requisitos, procedimientos, duración y contenidos que deberán tener las entidades formadoras que se crearán al efecto y los cursos de formación que impartirán.
Según se concluye, estas “determinadas personas” podrán ser desde quien compra la carne hasta el propio organizador de la cacería comercial, pasando por Perico el de los Palotes. ¿Posibles conflictos de intereses? No sean ustedes malpensados.
Hasta ahora, y hasta que tal decreto se haga realidad, el primer examen de los animales abatidos cuya carne va a ser comercializada había de hacerlo obligatoriamente un profesional veterinario, a quien la propia JCCM le exige, además, acreditar formación adicional en la materia.
Dicho en lenguaje comprensible para el ciudadano de a pie: se va a equiparar, exactamente al mismo nivel, la formación que a día de hoy exige la Administración Sanitaria para esa labor de inspección de campo (ser licenciado o graduado en veterinaria y además acreditar formación en materia de inspección de caza), con la recibida por cualquier persona (no se requiere nivel de estudios alguno) que haya realizado un curso de poco más de veinte horas, que ni siquiera ha de ser presencial y cuyo aprobado conseguirá acertando el cincuenta por ciento de las preguntas del examencito final con el que dichos cursos, presumiblemente, concluirán.
Por si alguien lo desconoce, conviene recordar que, para ser veterinario en España, hay que cursar cinco años de carrera universitaria (recientemente se ha dado vía libre para aumentarlos a seis), que al parecer, y a la vista de lo que la Consejería de Sanidad exige, son insuficientes para habilitar a los veterinarios como actuantes en actividades cinegéticas, puesto que, como ya se ha comentado, se exige formación adicional.
Y esta realidad resulta coincidente en el tiempo con la publicación del borrador del decreto que hará materializarse este disparate.
Cuando esto ocurra, ¿qué hará la Consejería de Sanidad? ¿Seguirá exigiendo la experiencia y formación adicional a los veterinarios que soliciten actuar en actividades cinegéticas? O, por el contrario, ¿modificará esas condiciones para no incurrir en ese caso absurdo y agraviante?
El problema es que no puede hacerlo con la legislación actual vigente, por lo que esa paradójica y ridícula situación se presentará inevitablemente. Claro que también puede hacer lo que tantas veces se hace: aplicar la ley con mayor o menor rigor según convenga. En fin…
Ni qué decir tiene que las consecuencias de todo esto las pagaremos todos.
Esta primera inspección a pie de campo es importantísima desde el punto de vista de la Sanidad Animal y también de la Salud Pública. Las especies de caza mayor (ciervos, gamos, jabalíes, corzos…) padecen y pueden transmitir numerosas enfermedades, algunas de ellas transmisibles al hombre.
La tuberculosis, por citar un ejemplo, a cuya lucha tantísimo dinero público se ha destinado y se destina, no se va a ver favorecida precisamente eliminando de la cadena al único profesional cualificado para detectarla en piezas de caza en origen.
¿Va a ser capaz la “persona con formación” (¡¡¡CON ESTA FORMACIÓN!!!) de detectar un jabalí con lesiones compatibles con, por ejemplo, peste porcina africana?
¿Es consciente la Autoridad en materia de Sanidad Animal de estos peligros? ¿Ha sido consultada y opinado al respecto? Sería interesante saberlo.
Por último, ¿sabe la gente lo que nos puede costar esta broma?
Incluso algunas asociaciones de cazadores han manifestado ya su disconformidad, y la propia Federación Castellano-Manchega de Caza, si bien con matices a mi juicio razonables, está en contra de esta norma que se pretende establecer.
Lógicamente, no quieren asumir una responsabilidad que no les compete ni corresponde y para la que, huelga decirlo, no consideran que un cursito de veintidós horas pueda habilitar.
Seguramente pueda haber otras razones de índole más turbio por las que a la Consejería de Sanidad, después de más de veinte años, le hayan entrado las prisas por regular este asunto, quizás relacionadas con el reparto de fondos europeos.
Aparte de la propia Consejería, que sus razones tendrá, aquí los únicos interesados en que esta norma salga adelante cuanto antes son los grandes organizadores y algunos integrantes de la cadena de comercialización de la carne de caza (sector en franca expansión), por más que evidentes intereses económicos. En fin, juzguen ustedes…
No quiero finalizar esta carta abierta sin recordarle a quien parece haberlo olvidado que, como apunta la Organización Mundial de la Salud, solo existe UNA SALUD y que la SALUD, con mayúsculas, debe dejarse en manos de profesionales sanitarios, no en las de cualquiera.
Albacete, octubre de 2025
Fdo.- Lorenzo Polo Rodríguez
VICEPRESIDENTE
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ALBACETE
ÁREA DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS
