El juicio por prevaricación administrativa contra la alcaldesa de Villarrubia de Santiago (Toledo) y siete de los que eran concejales en 2021 ha quedado visto para sentencia, después de que Fiscalía y acusación particular hayan retirado las acusaciones contra los siete ediles pero no contra la regidora, mientras la defensa ha pedido una sentencia absolutoria.
En el juicio oral celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Toledo la acusación particular ha rebajado la petición de responsabilidad civil contra la alcaldesa a 13.696 euros y ha pedido 15 años de inhabilitación para cargo público, mientras el ministerio fiscal ha solicitado 9 años.
La regidora está acusada de haber retirado la licencia de venta ambulante sin el correspondiente procedimiento administrativo en febrero de 2021 a un vendedor, que interpuso una querella contra ella por prevaricación.
La acusada, que al igual que los otros siete ediles ha contestado sólo a las preguntas de su abogada, ha explicado que en aquella época tomó las decisiones pensando en «prevenir y que la gente de mi pueblo no resultase perjudicada», porque Villarrubia tenía una incidencia de Covid-19 superior a la de su entorno y muchos vecinos de edad avanzada.
Ha negado que existiera ninguna animadversión o intención de perjudicar al vendedor, al que se le ofreció la nulidad del acto, pero ha indicado que éste exigió una reparación patrimonial por parte de la propia alcaldesa.
Durante el juicio ha declarado también el vendedor, que ha argumentado que en febrero de 2021 la alcaldesa le prohibió montar el puesto a raíz de un conflicto con el responsable del mercadillo; una prohibición que no se levantó hasta junio, cuando el Ayuntamiento había recibido la querella, y que le supuso pérdidas de ventas durante 17 sábados.
Ha afirmado que durante esos meses se sintió «acosado» por el policía municipal, y que a raíz del conflicto con la alcaldesa ha perdido entre el 60 y el 70 % de sus ventas.
Por su parte, la secretaria interventora del Ayuntamiento ha explicado que cuando llegó la querella, en el mes de junio, le comunicó a la alcaldesa que no se había seguido el procedimiento adecuado, aunque también ha recordado que durante aquella época «se adoptaban medidas en función de lo que comunicaba el Ministerio y la Junta sobre medidas de control sanitario».
Ha definido a la alcaldesa como una persona «prudente» que le consulta habitualmente, y que tras comunicarle el error, se subsanó con la renovación de la licencia al vendedor.
Asimismo han declarado el encargado del mercadillo, el agente de policía local y la autora del informe pericial que cifra en 7.500 euros los daños morales sufridos por el vendedor, y en 6.196 la compensación por lucro cesante y por el daño reputacional.
En su informe final, la Fiscalía ha calificado la actitud de la alcaldesa de «despótica y contraria al ordenamiento jurídico», y ha rechazado que su actuación estuviese relacionada con la pandemia de la Covid-19 porque no se ha reflejado así en ningún documento, por lo que ha argumentado que «no se puede intentar disfrazar de desconocimiento ni de pretendida buena fe».
Por su parte, la acusación particular ha tildado la decisión de la alcaldesa de «injusta y arbitraria», y ha afirmado que si no se informó acerca de la legalidad de la misma fue «porque no quiso», a la vez que ha recordado que lleva como alcaldesa desde 2015 y tiene experiencia municipal desde 2005.
La defensa ha pedido la absolución al considerar que las acusaciones no han probado que existiera una intencionalidad ni una «voluntad de actuar contra derecho», y ha afirmado que su defendida actuó movida por el objetivo de proteger a sus vecinos en una situación excepcional en la que «la gente moría en masa en nuestro país».
