Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF de Castilla-La Mancha han anunciado este martes que llevarán a cabo movilizaciones el 30 de octubre para exigir al Gobierno central desbloquear la negociación colectiva y mejorar los salarios de los empleados públicos tras una pérdida del 20 por ciento de poder adquisitivo.
Así lo han detallado en una rueda de prensa la coordinadora del Área Pública de CCOO Castilla-La Mancha, Carmen Juste; la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Carmen Campoy; y la secretaria de Acción Sindical de CSIF en la región, Marisa García.
Así, han explicado que las organizaciones sindicales han convocado concentraciones el 30 de octubre a las 12:00 horas en todas las provincias de la región, como inicio de un calendario de protestas para exigir al Ejecutivo central una negociación sobre los salarios de los empleados públicos de Castilla-La Mancha y señalar el «deterioro» de servicios públicos esenciales como sanidad, educación y justicia.
Movilizaciones, han sostenido, que continuarán en el mes de noviembre y si no se abre la negociación, han advertido, convocarán una jornada de huelga a nivel nacional en diciembre.
Con todo, Juste ha precisado que la intención que tienen es negociar porque «eso significa avanzar» en el conjunto de los servicios públicos, mientras Campoy ha añadido que pretenden defender tanto a los trabajadores de las administraciones públicas como la calidad del servicio público que reciben los ciudadanos.
Por su parte, García ha lamentado que el Gobierno central debe 86,8 millones de euros a los empleados públicos de la región por la falta de un acuerdo salarial para 2025, y ha criticado que utiliza a estos empleados «como rehenes».
Por todo ello, los tres sindicatos han instado a movilizarse no solo a lo empleados públicos sino a toda la ciudadanía, porque «es la hora de luchar» en defensa de los servicios públicos, ya que han subrayado que «lo que está en juego son las condiciones de los empleados públicos y la calidad de los servicios que ofrecen», además de que han hecho hincapié en que «no se puede externalizar lo público porque es de todos».
