La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas y ha investigado a otras 200 en una operación contra la inmigración ilegal, en la que se ha desarticulado una red que empadronaba de forma ilegal en Talavera de la Reina (Toledo) a inmigrantes procedentes de Bangladés.
La operación ‘Bengala’ ha sido desarrollada durante un año por agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Talavera de la Reina, que han determinado que la actividad del grupo criminal ha permitido el empadronamiento irregular de unas 600 personas, aunque las investigaciones siguen abiertas y no se descarta que haya nuevas detenciones así como ramificaciones en otras comunidades autónomas.
La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, el jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha, Francisco Herrero, y el jefe de la Brigada Local de Policía Judicial de Talavera de la Reina, Alejandro de la Cruz, han dado a conocer este viernes en una rueda de prensa los pormenores de esta operación, en la que los implicados actuaban en tres escalones distintos, cuyo principales responsables han sido detenidos.
El primer escalón era un matrimonio que tenía una inmobiliaria en Talavera de la Reina, desde la que se falsificaban contratos de alquiler con el objetivo de empadronar de forma fraudulenta a estas personas en la ciudad.
En el segundo escalón estaba una notaria de Talavera de la Reina, que es otra de las detenidas, en cuya notaría se emitían actas notariales que acreditaban la idoneidad de las viviendas en las que supuestamente iban a vivir las familias empadronadas fraudulentamente.
Con esta documentación falsa, el grupo criminal solicitaba la reagrupación familiar a través de un abogado que tiene despacho en Toledo capital, que es el cuarto detenido en la operación, ya que tramitaba los expedientes a sabiendas de que la documentación era fraudulenta.

En torno a un millón de euros de beneficios ilícitos
La operación se inició después de que agentes de la Policía Nacional observaran la llegada continua a la estación de autobuses de Talavera de la Reina de grupos de bangladesís procedentes de Madrid que portaban carpetas con documentación y regresaban el mismo día a la capital de España.
Las investigaciones que se hicieron para esclarecer esta circunstancia sacaron a la luz la existencia de un entramado perfectamente organizado y que tenía su epicentro en una inmobiliaria local, desde la que se falsificaban contratos de alquiler con el objetivo de empadronar fraudulentamente a estas personas en Talavera de la Reina.
El siguiente paso del proceso consistía en obtener actas notariales que acreditaran la idoneidad de esas viviendas para acoger a familias, aunque los interesados nunca habían residido ni residirían en ellas, y con esta documentación falsa, el grupo criminal solicitaba la reagrupación familiar de los extranjeros a través del abogado de Toledo.
Además, el entramado contaba con mediadores y captadores, que era los encargados de localizar tanto los domicilios como a las propias personas interesadas en reagrupar ilegalmente a sus familiares.
Cada reagrupación familiar cobraban entre 1.500 y 2.000 euros por persona, por lo que atendiendo a las estimaciones de que habían reagrupado ilícitamente a más de 600 personas, la Policía Nacional estima que los responsables de la organización han percibido entre 900.000 euros y 1,2 millones de euros de beneficios ilícitos.
Tolón ha agradecido la «profesionalidad y el rigor» con la que ha trabajado la Policía Nacional en esta operación, en la que ha desarrollado una labor «paciente, meticulosa y coordinada», que según la delegada del Gobierno: «Demuestra la alta capacidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir el crimen organizado y adaptarse a las nuevas formas de delincuencia».