FACUA Sevilla ha logrado que Enterprise Rent-A-Car cierre un expediente y desista de reclamar 540 euros a una socia a la que se había imputado el coste de una reparación por “cables roídos por roedores”. Así lo ha comunicado la organización de consumidores, que intervino tras la queja de la afectada.
La usuaria, identificada como María M., alquiló un Volkswagen en la oficina de Enterprise del aeropuerto de San Pablo (Sevilla) por un importe superior a 400 euros para los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2024. A su devolución, no se registró incidencia alguna y, según FACUA, el empleado de la compañía inspeccionó el coche y confirmó que estaba en correcto estado, procediendo a la devolución de la fianza.
Una semana después, la clienta recibió una carta en su domicilio en la que la empresa le reclamaba 540 euros por daños supuestamente ocasionados durante el alquiler. El escrito describía una avería por “cables roídos por roedores” e incorporaba la factura del taller. Pocos días más tarde, Enterprise cargó en su cuenta esos 540 euros sin consentimiento expreso, siempre según la versión de la afectada. María ordenó a su banco rechazar el cobro y acudió a FACUA Sevilla.
La reclamación de FACUA
El equipo jurídico de FACUA presentó una reclamación requiriendo a Enterprise Rent-A-Car que acreditase que los daños fueron causados por la usuaria. En caso contrario, exigió el cese de la reclamación del importe. La asociación advirtió además de que un cobro sin autorización ni justificación podría encajar en un supuesto de apropiación indebida (artículo 252 del Código Penal), y recordó que el tratamiento de datos personales sin consentimiento constituye una infracción muy grave conforme al artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/2018 y a la definición de consentimiento del artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).
Respuesta de la empresa
Meses después, Enterprise respondió pidiendo disculpas por el retraso y comunicó la anulación del expediente, dejando sin efecto la reclamación de 540 euros, según FACUA. En ese momento, la asociación y la afectada valoraban otras vías de actuación —como la Junta Arbitral de Transportes de Sevilla, el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía o la vía judicial—, finalmente innecesarias tras la decisión de la compañía.
