El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha subrayado este viernes que el aborto es un «derecho asentado en España» y ha señalado que el registro de profesionales objetores «no es una lista», sino que la ley lo establece «casi como una garantía» para los sanitarios.
En una entrevista en La 1, García-Page ha sido preguntado por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el jueves en la Asamblea madrileña, en las que reiteró su oposición a hacer una «lista negra» de médicos objetores y pidió a la izquierda que se vayan «a otro lado a abortar».
García-Page ha señalado que «el derecho al aborto es un derecho asentado en España» y que se despenalizó «desde hace mucho tiempo», con una «ley homologable en cualquier país».
Además, ha recordado que la creación del registro de médicos objetores es un aspecto que «impone la ley, y las leyes hay que cumplirlas» y que registrarse o no es «voluntario», de forma que «hay muy pocos que se apuntan» y que los profesionales pueden «apuntarse y luego desapuntarse».
Con todo, ha comentado que un médico, aunque no esté en el registro, puede apelar a la objeción de conciencia para no practicarlo, por lo que ha señalado que el registro «no es una lista, sino que se establece casi como una garantía para los objetores».
Como reflexión, García-Page ha señalado que «el problema ahora mismo es que los actores políticos quieren convertirlo todo en un zafarrancho de combate» y ha lamentado que, a su entender, la política «se ha convertido en un fin en sí mismo».
Por ello, ha afeado que se recurra a cuestiones que «afectan a las entrañas de la gente» y ha asegurado que no ha «encontrado a ninguna mujer que disfrute» del aborto, que ha reiterado es un derecho.
Asimismo, y en cuanto a la crisis en el Sistema Andaluz de Salud por los fallos en el programa de cribado para la detección precoz del cáncer de mama y el aumento del peso de la sanidad privada en las comunidades autónomas, García-Page ha declinado entrar en el debate específico de esa comunidad autónoma «por respeto».
Ha subrayado la apuesta por la sanidad pública que, ha asegurado, mantiene el actual Gobierno de Castilla-La Mancha frente a los 4 años en los que gobernó el PP, en los que el servicio de salud público quedó «reducido a la mínima expresión».
Sin embargo, García-Page ha asegurado que no es «un fanático» y no está en contra de que los ciudadanos puedan optar a la sanidad privada «si quieren», pero ha incidido en que la «obligación» del Gobierno regional es «garantizar una sanidad pública al máximo nivel y con excelencia».
«Lo malo es cuando se hace una demolición, una desescalada de un sistema público para beneficiar al privado, porque generando una brecha de igualdad», ha concluido García-Page.
