Albacete se ha visto salpicada por los delitos que se les imputan a las 18 personas que en las últimas fechas han sido detenidas por la Guardia Civil tras la explotación con éxito por parte de la Benemérita de la operación ‘Tenk’, que se ha venido desarrollando durante los últimos dos años por lo complejo del entramado a desenredar por parte de los agentes del Instituto Armado. Murcia, Alicante y Valencia, además de Albacete, fueron puntos calientes durante la intervención policial y el desarrollo de las investigaciones.
Tras comenzar en 2023 debido a la denuncia de un vecino de Abarán al que le molestaba el paso de muchísimos camiones por las inmediaciones de sus viviendas, la Guardia Civil comenzó a tirar del hilo y fue descubriendo hechos delictivos como estafa, falsedad documental, contra la hacienda pública, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra la Seguridad Vial y de pertenencia a organización criminal. En dichos hechos tuvieron un papel importante empresas creadas y ubicadas en Albacete, así como en otros puntos de la geografía nacional tales como Murcia, Almería, Alicante, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona.
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que introducía carburante adulterado en gasolineras low cost del Levante, con la finalidad de eludir los controles y evadir el pago de impuestos. Como resultado de la investigación, bautizada como operación “Tenk”, han sido detenidas 18 personas e investigadas otras 14, a la vez que se ha vinculado a 40 empresas con el entramado criminal; algunas de esas empresas, como decimos, estaban asentadas en Albacete.
Comenzó en Murcia y tirando del hilo llegaron a Albacete
La investigación se inició en 2023, a raíz de las quejas de vecinos de la localidad de La Hoya del Campo, en Abarán (Murcia), por el continuo trasiego de camiones cisterna. Gracias a esto, la Guardia Civil localizó un gasocentro irregular.
La entrada y registro de dicho establecimiento permitió incautar más de 70.000 litros de gasóleo, junto con maquinaria y depósitos. Se averiguó que este combustible era el conocido como “designer fuel” (combustible de diseño), una mezcla de gasóleo y otros componentes añadidos para modificar las características físicas del compuesto original y evitar el pago de impuestos. Además, se encontró una sustancia conocida como triacetina, un producto que no cumple las especificaciones establecidas para el gasóleo de automoción.
También se averiguó que el destino final de este combustible modificado eran estaciones de servicio tipo “low cost” de las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia. Por último, las siguientes averiguaciones llevaron a encontrar otros dos gasocentros irregulares en los municipios de Abanilla y Silla (Valencia).
Combustible declarado como lubricante para eludir impuestos
Los investigadores descubrieron que estos carburantes adulterados provenían de Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania, entre otros países y que los cargamentos eran declarados como aceites y lubricantes y no como gasóleo. La finalidad era eludir los controles y formalidades exigidas para la circulación de productos sujetos al Impuesto Especial de Hidrocarburos en la UE, así como el devengo del Impuesto Especial, del IVA y del Impuesto sobre Sociedades.
Estas mezclas de combustible son comercializadas por organizaciones criminales de forma fraudulenta, lo que causa pérdidas económicas tanto a los Estados miembros de la Unión Europea como al sector empresarial por competencia desleal.
Además, los gases emitidos en su combustión pueden suponer una amenaza para el medio ambiente y la salud pública. Su almacenamiento irregular también genera riesgos de vertido y pueden causar un perjuicio al consumidor final, por posibles daños en los motores de los vehículos particulares.
La investigación, desarrollada durante dos años, ha permitido identificar a los distintos miembros del entramado delictivo y las mercantiles “fantasma” con las que operaban.
Algunos de los supuestos empresarios serían “testaferros”, personas en situación económica precaria que cobraban por ceder sus datos para la creación de empresas y cuentas bancarias. Entre estos falsos empresarios destaca la presencia de ciudadanos ucranianos, letones, franceses y españoles.
Albacete, Alicante, Murcia, Valencia y muchos sitios más
Durante la investigación, un total de 40 empresas asentadas en Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona han sido relacionadas con el entramado delictivo. En el curso de la operación, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil e inspectores del Área de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia han inspeccionado un total de once estaciones de servicio y empresas.
Hasta el momento, 18 personas han sido detenidas y otras 14 han resultado investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa, falsedad documental, contra la hacienda pública, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra la Seguridad Vial y de pertenencia a organización criminal.
Destaca la imputación de uno de los conductores de los camiones por 26 delitos contra la seguridad vial, por conducir vehículos con mercancías peligrosas careciendo de permiso de conducción en vigor.
