Treinta y siete organizaciones feministas, sociales y sindicales convocan concentraciones en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo el próximo lunes 29 de septiembre a las 19 horas, en el marco del Día Internacional del Derecho al Aborto Legal y Seguro (28 de septiembre), para «denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno regional de su obligación de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública».
Los convocantes afirman que «más de dos años y medio después de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2023, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha adoptado medidas efectivas para garantizar el derecho al aborto en el sistema público y poner fin a las desigualdades territoriales y a depender exclusivamente de clínicas privadas. Esta dejadez institucional impone graves obstáculos al ejercicio efectivo de este derecho, que impacta de forma desproporcionada en las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad».
Las organizaciones convocantes aseguran que se han dirigido «en diversas ocasiones, e incluso a través del Portal de Transparencia, al Consejero de Sanidad y a la Consejera de Igualdad a lo largo de los últimos dos años», expresando sus «preocupaciones sobre el incumplimiento de la Ley», demandando «datos e información sobre las medidas adoptadas por el gobierno regional para garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Castilla-La Mancha» y solicitando «reuniones a ambas consejerías».
«Una respuesta insuficiente de la Junta»
Al respecto, las convocantes indican que «la respuesta oficial de la Consejería de Sanidad, que fue emitida a principios de este verano solo tras una reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia por incumplir los plazos legales, confirma la falta de voluntad política».
Los colectivos convocantes aseguran que «se normaliza que cada año más del 60% de las mujeres que abortan en Castilla-La Mancha tengan que desplazarse a otras comunidades autónomas para ejercer su derecho al aborto. De los 47.239 abortos practicados a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha entre 2010 y 2023, tan solo 18.895 lo fueron en la región».
Igualmente, afirman que «no se cuestiona que el 99,94% de los abortos se realice en clínicas privadas/concertadas (tan solo 30 interrupciones voluntarias del embarazo en 14 años en centros públicos), lo que evidencia un patrón de objeción de conciencia que en ningún caso puede ser institucional. La negativa a practicar abortos debe ser individual, nunca colectiva ni de los centros».
Argumentan también que «la información pública sobre la interrupción voluntaria del embarazo se reduce al teléfono Salud Responde, lo cual resulta insuficiente: falta información accesible (protocolos, folletos, web…) y queda a la voluntad de cada profesional informar y cómo hacerlo».
Afirman con rotundidad también los convocantes que «no se informa de cómo se está implantando el registro de objetores ni de cómo se van a organizar los servicios públicos para asegurar el derecho al aborto, como obliga el artículo 19 bis 2 de la Ley 1/2023. La ley establece claramente que el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia. A estos efectos, los servicios públicos se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo».
Indican igualmente que «se vuelve a eludir cualquier responsabilidad frente al acoso y hostigamiento que sufren mujeres y profesionales por parte de grupos antielección que coaccionan a las mujeres con fotografías de fetos en la puerta de las clínicas con el objetivo de que las mujeres cambien su decisión, pese a que la Junta debería instar a las autoridades competentes a actuar».
Por último, los colectivos convocantes denuncian «la falta de voluntad de la Junta para dialogar con la sociedad civil, tras diversas solicitudes de reunión con las Consejerías de Sanidad e Igualdad».
