La magistrada Carmen Rodríguez Medel, titular en sustitución del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha acordado la apertura de juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Se le acusa de un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021, así como de pertenencia a grupo criminal.
Peticiones de cárcel de hasta cinco años
En su escrito de acusación, la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman tres años y nueve meses de prisión por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental. Por su parte, la acusación popular ejercida por PSOE y Más Madrid eleva la petición hasta cinco años, al añadir un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.
Delitos que se le atribuyen
González Amador se sentará en el banquillo acusado de dos delitos contra la Hacienda Pública vinculados al Impuesto de Sociedades (2020 y 2021), en concurso medial con falsedad documental. También será juzgado por un delito continuado contable y otro de pertenencia a grupo criminal.
Intento fallido de retrasar la decisión
La apertura de juicio se produce después de que la jueza rechazara la petición de la defensa para retrasar el procedimiento hasta que se resolvieran recursos contra su procesamiento, al no apreciar motivos suficientes.
Denuncia de la Fiscalía y facturas falsas
El caso arrancó tras una denuncia del Ministerio Fiscal, basada en un informe de la Agencia Tributaria. En él se señalaba la existencia de “gastos ficticios” mediante facturas que no respondían a servicios realmente prestados, con el objetivo de reducir la cuota tributaria.
Declaraciones y recursos
En febrero, González Amador se acogió a su derecho a no declarar, siguiendo el consejo de sus abogados, mientras se resolvía un recurso sobre la apertura de una pieza separada. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid avaló que se investigaran otros posibles ilícitos penales.
Informe de la Agencia Tributaria
En 2022, Hacienda remitió un informe que apuntaba a la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos, en el que se recogían indicios de dos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, con un fraude superior a los 120.000 euros por ejercicio.
