Una veintena de abogados adscritos al turno de oficio penal y de asistencia al detenido del partido judicial de Hellín han remitido un escrito al Colegio de la Abogacía de Albacete para trasladar las dificultades que enfrentan en el desempeño de su labor, especialmente en lo relativo a la atención a personas detenidas en diversos puestos de la Guardia Civil del territorio.
En su escrito, los letrados alertan de que, en los últimos tiempos, se ha convertido en una práctica habitual que los agentes de la Guardia Civil exijan la presencia física del abogado en las dependencias policiales, incluso en situaciones en las que legalmente se permite prestar la asistencia por vía telefónica o videoconferencia, tal como contempla el artículo 520.2.c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Según exponen, en ninguno de los casos conocidos hasta la fecha se ha presentado una imposibilidad técnica para realizar la asistencia de forma telemática, ni se ha justificado la necesidad de la presencia física del abogado por la naturaleza de la diligencia. Consideran que esta exigencia responde a una interpretación arbitraria del concepto de “lejanía geográfica” por parte de los agentes, lo que estaría provocando una aplicación desigual del procedimiento.
Los letrados subrayan que esta interpretación conlleva dos problemas principales. En primer lugar, obliga a realizar desplazamientos por carretera en condiciones que, a menudo, ponen en riesgo su vida e integridad física, especialmente por la complicada orografía de la Sierra del Segura, donde se ubican muchos de estos puestos, y el riesgo de accidentes, agravado por la climatología o la fauna local.
En segundo lugar, advierten que la amplia extensión del partido judicial y el hecho de que normalmente solo haya un abogado disponible para atender a los detenidos dificultan seriamente el cumplimiento de los plazos legales de asistencia, sobre todo cuando se producen requerimientos simultáneos en juzgados o dependencias policiales.
Ante esta situación, los firmantes del escrito consideran que el Colegio de Abogados tiene la responsabilidad de garantizar tanto el correcto funcionamiento del servicio de asistencia jurídica como la seguridad de los letrados que lo prestan. Por ello, instan a la institución a adoptar medidas que permitan cumplir con lo previsto legalmente, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando una atención más ágil y eficaz a los detenidos.
El escrito, respaldado por cerca de una veintena de profesionales, ha sido ya remitido al Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete, al que solicitan que actúe en consecuencia para mejorar las condiciones en las que se presta este servicio esencial.
