El pacto para dotar a Cataluña de una financiación singular anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat no convence a nadie y este martes han arreciado las críticas desde prácticamente todos los ángulos, con el PP a la cabeza y Junts dejando claro que no apoyará ese modelo si llega al Congreso.
Para el secretario general de JxCat, Jordi Turull, se trata de «una tomadura de pelo». «Es la consolidación del café para todos: pasamos del café para todos al ‘singular’ para todos», ha resumido.
También es una «tomadura de pelo» para distintos cargos de ERC críticos con la actual dirección, como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. En opinión de algunos dirigentes de esta formación, el pacto cerrado el lunes no es lo que refrendó la militancia en la consulta para avalar la investidura de Salvador Illa.
Diferentes gobiernos autonómicos y de distinto color político han avanzado que rechazarán cualquier acuerdo que dañe los intereses de sus comunidades y que saque a Cataluña del régimen común, un debate abierto ante la falta de concreción del acuerdo anunciado en la Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha garantizado que no supondrá ningún privilegio de un territorio sobre otro y ha pedido al PP que plantee una propuesta «seria» más allá «de la crítica constante».
El acuerdo, ha asegurado Alegría, incluye los principios de suficiencia financiera, solidaridad y corresponsabilidad fiscal, no solamente desde el punto de vista del gasto, sino también de los ingresos, todo ello en un escenario de bilateralidad «absolutamente compatible con la multilateralidad».
Pero el resto de gobiernos autonómicos exigen que cualquier reforma del modelo de financiación sea abordada por todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha ha pedido celebrar una reunión este mismo mes de julio, pero Moncloa mantiene su idea inicial de citar a los consejeros en septiembre.
Destacados barones del PP, como el aragonés Jorge Azcón, han abogado por hacer frente común contra el que denominan «cupo» catalán, un acuerdo que el gallego Alfonso Rueda ha tachado de «disparate».
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha indicado que ven en ese pacto «una evidente mutación constitucional» y el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha informado de que la Abogacía de la Generalitat estudiará el documento para analizar posibles acciones legales.
«Lo que se está negociando sin mandato electoral es la impunidad para delinquir, y es la opresión de la mayoría por una minoría», ha remachado la madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El polémico principio de «ordinalidad»
Un día después de la escenificación del acuerdo en Barcelona, también han vuelto a mostrar serias dudas los gobierno socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias.
El consejero de Hacienda castellano-manchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha criticado que se consagre el principio de «ordinalidad», y ha avanzado que su comunidad rechazará «cualquier acuerdo que diga que quien más tiene, tiene derecho a mejores servicios públicos», un mensaje que también ha lanzado el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. Ayer, García-Page fue muy claro y pidió que «no nos tomen por tontos».
El principio de ordinalidad en la financiación autonómica, tradicionalmente reclamado por los partidos catalanes, es un límite a la solidaridad entre comunidades que busca impedir que las más ricas, las que más aportan al sistema, acaben por ello teniendo menos dinero por habitante que las más pobres.
Que ese principio se haya recogido en el acuerdo ha hecho saltar las alarmas en muchas comunidades autónomas, al considerar que se rompe el principio de igualdad, pero que solo aparezca en el preámbulo del texto pactado tampoco ha gustado a Junts y a ERC.
La consellera catalana de Economía, Alícia Romero, ha preferido tranquilizar a estos dos partidos antes que a sus colegas socialistas y ha dejado claro este martes que la Generalitat que lidera Salvador Illa considera «imprescindible» el principio de ordinalidad y no avalará un modelo de financiación que lo ignore.
