Jueces y fiscales que desarrollan su labor profesional en los órganos de la administración de Justicia en Albacete realizaban en la mañana de este miércoles, 11 de junio, un paro simbólico ante las puertas de la Ciudad de la Justicia de la capital albaceteña.
Una concentración que realizaban con el objetivo de luchar por la defensa del derecho de toda la ciudadanía a una justicia independiente. Así, este paro simbólico viene motivado por las dos reformas que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez y que aseguran jueces y fiscales que “ponen en riesgo la independencia judicial y la imparcialidad del Ministerio Fiscal, pilares básicos de una democracia real”.

Daban lectura a un manifiesto en el que recordaban que la Constitución de 1978 implantó en nuestro país “el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía”. En relación a esta independencia judicial, sostenían que es un elemento “clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea”, pero advertían que “está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas”.
De este modo, ponían en el punto de mira jueces y fiscales concentrados a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Albacete “el proyecto de ley para modificar el acceso a la carreras judicial y fiscal”, así como “el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal”. Iniciativas contra las que alzaban la voz este miércoles, 11 de junio, y ante las que protestaban con este paro simbólico.

Exponían en este mismo manifiesto al que daban lectura en Albacete sobre el mencionado proyecto de ley que “ha sido tramitado por vía de urgencia”, considerando que es un proyecto “que no responde a demanda social alguna”. Pero además, remarcaban que “ha recibido un informe técnico muy crítico por parte del Consejo General del Poder Judicial”, considerando que se trata de “una reforma legar que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”.
Igualmente, compartían otras medidas incluidas en este proyecto de ley “como la de mantener la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces”, advirtiendo que “se pretende crear un centro de preparación de opositores dependientes directamente del Gobierno, y por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país”. Pero sobre todo, remarcaban que todo ello supone poner “falsamente a Europa como excusa”, adelantando que “se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal”.

En relación al segundo anteproyecto por el que se manifestaban jueces y fiscales en Albacete con este paro simbólico sostenían que “se quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo”. De este modo, incidían en que esto, “sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.
Todas estas reformas se están llevando a cabo en lo que calificaban como “un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia”. Al respecto, recogía el manifiesto que esta situación “facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos”.

Ponían de relieve jueces y fiscales en Albacete que la existencia de un poder judicial “fuerte e independiente no es un derecho de los jueces”, sino que se trata de “una garantía para todos” contar con una Fiscalía “imparcial y autónoma”. Exigencias que sostenían “son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país”. Por tanto, subrayaban que estas reformas, “enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir el poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias liberales que, por eso, no lo son realmente”.

Con todos estos argumentos sobre la mesa, jueces y fiscales de Albacete realizaban este paro simbólico con la finalidad de pedir “la retirada de ambos proyectos”. Además, advertían que para lograr este objetivo no descartan la puesta en marcha de medidas de protesta más intensas, barajando incluso la opción de la huelga.

Pero además, recordaban que con esta concentración simbólica ante la Ciudad de la Justicia de Albacete también reclaman, “como llevamos haciendo desde hace lustros, una masiva creación de plazas judiciales y fiscales a fin de mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad”.

Así, han estado presentes en este acto un nutrido grupo de jueces y fiscales, miembros de las asociaciones convocantes de este paro simbólico, así como ciudadanos que se han querido sumar a la protesta, mostrando su apoyo a la administración de Justicia. De este modo, mostraban su agradecimiento a todos los participantes por “acompañarnos para mostrar vuestro apoyo en defensa y protección del Estado de Derecho” en Albacete.




















/Fotos: Miguel Ángel Romero/