El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha pedido este jueves que se hagan inspecciones médicas contra el «coladero» de bajas fraudulentas, que ha cifrado en un veinte por ciento.
Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Toledo en relación al informe publicado por el Banco de España que revela que el coste derivado del pago de las prestaciones por incapacidad ha aumentado un 78,5 % desde 2019 para las administraciones públicas y se sitúa en algo más de 15.000 millones de euros, cerca de un 1 % del Producto Interior Bruto (PIB).
Nicolás ha considerado que este asunto es «delicado» porque «digas lo que digas, se te echan encima los sindicatos», pero ha puesto el acento en que España es un país en el que más del 90 % son pequeñas y medianas empresas (pymes) y que, por ejemplo, en una micropyme de cinco trabajadores que dos estén enfermos de manera permanente supone un coste que puede llegar a 90.000 millones de forma directa e indirecta.
El porcentaje varía mucho, ha dicho, y ahora está en un 7 % global, si bien ha remarcado que en Castilla-La Mancha es por temporadas pero que siempre está «la más alta o la menos baja».
Asimismo, ha alertado de que por la duración de las bajas, las que superan los 365 días del año han aumentado casi un 28 %, y que muchas de ellas son de muy difícil calificación porque se deben a salud mental, por lo que puede haber «la típica persona que efectivamente está afectada y la típica persona que ha encontrado un buen refugio para estar en su casa, cobrando el cien por cien porque tiene la mejora».
Sin embargo, ha considerado que nadie es capaz de discriminar si es verdad o mentira, pero eso ha hecho, a su modo de ver, que el coste de la incapacidad temporal se haya «disparado».
Con todo, ha subrayado que estas bajas las controla la sanidad pública y los accidentes de trabajo las mutuas, por lo que se ha preguntado por qué hay diferencias de duración de los procesos cuando se produce una rotura jugando al fútbol o una rotura en la fábrica, ya que en el sistema público tiene una media de seis meses y en la mutua de dos.
Además, ha enfatizado que si los sindicatos piden inspecciones de trabajo, los empresarios lo que piden son inspecciones médicas que controlen esas bajas y se sepa si se está defraudando.
En su opinión, existe «una gran bolsa de fraude», por lo que ha pedido que se localice, investigue y sancione al trabajador si incurre en una práctica contraria a la ley, como se hace con los empresarios cuando incumplen; y aunque ha añadido que no todo es fraudulento, ha afirmado que un 20 % de los casos se usa de forma fraudulenta una prestación de la Seguridad Social que «pagamos todos», ha sentenciado.
De hecho, ha dicho que las mutuas tiene detectives privados contratados y que han detectado casos «escandalosos» que se han llevado a juicio, pero ha agregado que no pueden poner 365 días un detective a seguir a un trabajador y que, por eso, al final esto se convierte en un «coladero».
