La Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar este lunes, 2 de febrero a una mujer por tener a dos trabajadores de nacionalidad búlgara en una finca de Caudete (Albacete), sin dar de alta en la Seguridad Social, además de otras situaciones que hacen que Fiscalía califique los hechos como constitutivos de un deliro contra los derechos de los trabajadores, solicitando una pena de cárcel de cuatro años, además de una indemnización de más de 34.000 euros para cada trabajador.
Así, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, la empleadora y los trabajadores firmaron un contrato laboral en agosto de 2023, pero los dio de baja en la Seguridad Social en noviembre de ese mismo año, aunque siguieron trabajando en la finca.
Fiscalía argumenta que las jornadas de trabajo excedían ampliamente las 40 horas semanales, sin percibir salario alguno, sin vacaciones ni días de descanso, careciendo de prevención de riesgos laborales o vigilancia de la salud, confinados en la finca, aislados de cualquier núcleo urbano y todo ello a cambio de casa y comida y aprovechándose la acusada de la situación de necesidad y falta de arraigo, por su condición de extranjeros.
Fue a principios del años 2016 cuando, según Fiscalía, los trabajadores fueron conocedores de que su empleadora les había dado de bajo en la Seguridad Social en 2013, formulando entonces la pertinente denuncia ante la Inspección de Trabajo de Albacete.
Hasta la finca se desplazaron miembros de la citada Inspección, contactando que ambos trabajadores estaban trabajando, cuidando ovejas, y que no estaban dados de alta.
A consecuencia de estos hechos se impusieron sanciones por una infracción en materia de riesgos laborales y otra por emplear a trabajadores sin darlos de alta en la Seguridad Social.
El Juzgado de la social ya condeno a la empleadora, que se declaró insolvente, a abonar 41.421 euros a los trabajadores, y ahora la Audiencia Provincial estudiará la petición de 4 años de prisión y una indemnización de 34.299,77 euros para cada uno de los trabajadores por los salarios e indemnizaciones dejadas de percibir, por cuanto han sido impagadas por la acusada.
