El Manifiesto de los Persas de 1814 comienza evocando una antigua costumbre de los persas: “Era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor”. Rememorando esta práctica y, al parecer, con un propósito similar, el presidente del gobierno de España, cual rey persa, ha dejado pasar esos mismos cinco días y permanecido de brazos cruzados durante ese tiempo ante la peor catástrofe natural de las últimas décadas en nuestro país. Con centenares de muertos provocados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en la Comunidad Autónoma valenciana, varios en las Comunidades Autónomas castellano-manchega y andaluza, un número de desaparecidos aún por determinar y miles de damnificados, solo hoy se ha dignado el presidente Sánchez a ofrecer una declaración oficial, presentándose en ella a modo de salvapatrias que ofrece hoy a los desesperados damnificados una ayuda que pudo y debió proporcionar el primer día.
Como máximo responsable del Estado, el presidente tenía el deber de movilizar desde un primer momento todos los recursos para socorrer a las víctimas de esta tragedia. Sin embargo, esos recursos, incluidos 5.000 efectivos militares, permanecieron inactivos, mientras las personas afectadas enfrentaban una tragedia sin agua, sin alimentos, sin electricidad, sin abrigo y rodeadas de destrucción. En estos cinco días, sumidos en un caos sin precedentes, han sufrido saqueos, desesperanza y pérdidas personales y materiales irreparables. Solo un gobernante tirano y populista, con una frialdad insensible, por decirlo suavemente, es capaz de abandonar a su propia suerte durante cinco días, por mero tacticismo político, a miles de compatriotas en el peor de los momentos, para exacerbar sufrimientos y necesidades, y poder aparecer finalmente como el salvador que los rescata de una situación catastrófica que él mismo dejó empeorar.
En esta desalmada estrategia política no solo ha estado implicado el presidente del gobierno. Los miembros de su gabinete, en especial la ministra de defensa y el ministro del interior, han sido cómplices de este inmoral comportamiento omisivo, que ha dejado en desamparo a miles de personas, cuya relevancia penal tendrá que ser depurada por la justicia penal. Mientras las Fuerzas Armadas permanecían inactivas por voluntad de la citada ministra, el ministro de interior rechazaba las ofertas de ayuda internacional, evitando así una intervención que podría haber perjudicado al ejecutivo al deja ver la realidad de un Gobierno fallido. Esta catástrofe ha revelado, una vez más, cómo los líderes autodenominados salvadores no son más que tiranos modernos, aprovechando la desgracia para fortalecer su poder en nombre de una salvación que no es más que estrategia política.
La historia se repite, y como era de esperar, tampoco en esta ocasión catastrófica para España han sido las autoridades quienes han estado a la altura de las circunstancias, sino los españoles de a pie, únicos que no han fallado nunca, ni tampoco ahora, únicos que no se han comportado como esclavos de la tiranía sanchista, y que lejos de emular al presidente y permanecer inactivos, se han volcado durante estos últimos cinco días en el auxilio desinteresado a las numerosas familias damnificadas.
Thomas Paine decía que los gobiernos, en su mejor estado, no son más que un mal necesario; y en su peor, un mal intolerable. Esta semana trágica en España no podría ser una confirmación más cruda de sus palabras. Nos sobran políticos y faltan querellas. La sociedad civil española debe unirse, sin distinciones partidistas, y tomar el timón de su propio destino. Es hora de exigir, de forma implacable, que los gobernantes y salvapatrias respondan no solo política y administrativamente, sino también, como corresponde en este caso, penalmente.
Para ello, la acusación popular, reconocida en el artículo 125 de la Constitución, es una herramienta procesal genuinamente española, imprescindible para la lucha contra las inmunidades del poder político, la cual debe potenciarse y ser utilizada por los ciudadanos españoles en defensa de España y del Estado de Derecho.
Javier Vecina Cifuentes
Profesor Titular de Derecho Procesal
Universidad de Castilla-La Mancha
