La Audiencia Provincial de Toledo juzgará este martes a un hombre acusado de traficar con cocaína en Talavera de la Reina, para el que el fiscal pide una pena de seis años de prisión, ya que concurre la circunstancia agravante de reincidencia.
Según se indica en el escrito de acusación del ministerio público, al que ha tenido acceso EFE, el acusado fue detenido en abril de 2020 por la Policía Nacional, después de que se confirmara que se dedicaba a la venta de cocaína su domicilio de Talavera de la Reina, al que se desplazaban los compradores a pesar de que estaba vigente el estado de alarma decretado por el Gobierno por la pandemia de covid-19.
Tras recibir una llamada anónima en la Comisaría de Talavera de la Reina, en la que se advertía de la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en la ciudad, la Policía Nacional montó un dispositivo para confirmar la veracidad de la denuncia.
Las investigaciones determinaron que el punto de venta podía estar ubicado en una vivienda en la que residía el procesado, un conocido delincuente que había sido detenido con anterioridad por delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes, y que en 2013 fue condenado por la Audiencia de Toledo a tres años de prisión, como autor de un delito contra la salud pública.
La Policía Nacional montó servicios de vigilancia de la vivienda, que permitieron comprobar como varias personas entraron al domicilio en diferentes fechas entre el 6 y el 24 de abril de 2024, a las que les fueron encontradas diversas cantidades de droga tras ser registradas al salir de la casa.
Después se solicitó una autorización judicial para entrar a esta vivienda, así como a la de la pareja sentimental del procesado, ubicada también en Talavera de la Reina, en las que fueron encontradas diversas cantidades de droga, así como dinero y otros efectos.
El fiscal mantiene que las sustancias estupefacientes estaban destinadas a su distribución y los efectos y el dinero intervenidos procedían de la actividad ilícita que desarrollaba.
Entiende que el procesado es culpable de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, por lo que pide que se le condene a seis años de prisión y al pago de una multa de 9.694,98 euros, a concurrir la circunstancia agravante de reincidencia.
