El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Motilla del Palancar (Cuenca) ha acordado la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Quintanar del Rey (Cuenca) y dos de sus concejales, del PSOE, por una supuesta prevaricación administrativa.
Según el auto, fechado el pasado 7 de junio y al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Fiscal pide diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, mientras que la acusación particular eleva esa petición a quince años.
El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Cuenca, que ha sido declarada como órgano competente por el juzgado, una vez se presenten los escritos de calificación de las partes.
El Partido Popular ha explicado, en una nota de prensa, que los hechos se remontan a marzo de 2020 cuando, en la licitación de las obras para la dotación de instalaciones complementarias en un auditorio multiusos, los tres acusados “no siguieron el procedimiento legal que contempla la Ley de Contratos del Sector Público, a pesar de su experiencia y a sabiendas”.
Los populares también han señalado que el proceso judicial se inició en abril de 2021, cuando el entonces portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento quintanareño, José Talaya, interpuso una querella por un presunto delito de prevaricación contra los tres responsables socialistas.
De los tres investigados, uno de ellos todavía ejerce como concejal en el Ayuntamiento, por lo que el PP considera que “debería dejar su acta de inmediato en base al propio código ético de su partido”.
Por su parte, el PSOE de Quintanar del Rey ha pedido “respeto a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia” y manifestado, en nota de prensa, que la apertura de juicio oral supone que toda la documentación recabada “se verá delante del juez para comprobar si ha existido o no ha existido delito”.
El PSOE ha añadido que se trata de “un procedimiento habitual de la justicia, y debe respetarse hasta que finalice y exista una sentencia firme” y ha pedido a los populares que no hagan juicios públicos y no “emitan sentencias por adelantado”.
Además, el PSOE ha criticado que la nota de prensa del Partido Popular aporta “datos de carácter personal” de personas que no ostentan cargo público en la actualidad, lo que podría vulnerar la Ley de Protección de Datos.
El PSOE no contempla tomar ningún tipo de medida contra las personas que se encuentran inmersas en este procedimiento judicial, puesto que “no han sido juzgadas y por ahora no son culpables de ningún delito”.
