UGT Servicios Públicos denuncia «una vez más» que el «Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sigue haciendo caso omiso a las reivindicaciones laborales y retributivas de los funcionarios de las Gerencias Territoriales de Justicia».
Según UGT, “es imposible que una Gerencia de Justicia como la de Castilla-La Mancha pueda ser eficiente cuando solo tiene 22 funcionarios y debe prestar servicio a todos los órganos judiciales de la región y a la ciudadanía. Es imposible que se pueda atender de manera adecuada al público cuando en la oficina de atención tan solo hay tres funcionarios en sus mejores momentos».
Antonio Marín, responsable de Justicia-AGE de UGT Servicios Públicos en Castilla-La Mancha, añadía que «a lo largo de 2023 la oficina de atención al público tramitó 4.838 consultas presenciales; 4.451 consultas telefónicas; 39.520 certificados de antecedentes penales; 9.529 certificados de últimas voluntades…»
Añade Marín que “ante tal volumen de trabajo -imposible de gestionar para una plantilla tan escasa- muchos trabajadores optan por marcharse a otras administraciones”, explica.
El sindicato advierte de «la sobrecarga laboral y el sobreesfuerzo que diariamente sufren los 22 funcionarios de la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha, organismo que –debido a esta falta de personal- se encuentra en una situación de colapso».
Aseguran desde UGT que «la plantilla vive jornadas marcadas por el estrés y la acumulación de trabajo, tensiones y presiones ante las que no obtienen ningún tipo de solución por parte de la administración».
Por todo ello, Antonio Marín exige que «el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes refuerce la plantilla y que negocie un aumento retributivo».
Recuerda Marín que el sindicato «ha llevado a cabo una campaña de recogida masiva de firmas entre los funcionarios de las gerencias instando al ministerio a que convoque una mesa de negociación con el fin de mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras. Si han sido capaces de llegar a un acuerdo con los 11.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de Justicia no transferidos, también debe ser posible alcanzar un acuerdo con los 200 funcionarios que, a nivel nacional, forman parte de las plantillas de gerencias no transferidas”.
