OCU Castilla-La Mancha ha informado en nota de prensa que ha conseguido «la rectificación de una factura eléctrica que ascendía a 4776 euros» y que desde «UFD y Naturgy» le reclamaban a un vecino de Recas (Toledo).
Según OCU, la compañía eléctrica, «después de estar más de 8 meses sin emitir ningún tipo de factura», le reclamaba al cliente una lectura que le obligaba a pagar la citada cantidad y que superaba los 4.700 euros. El cliente, que según OCU, «había solicitado a la compañía en innumerables ocasiones la emisión de facturas mensuales y cambio de contadores, así como la reclamación por el importe tan elevado de la factura, comprobó que la única solución que le ofrecían desde la comercializadora era el fraccionamiento del pago de la deuda».
Gracias a la intervención de OCU, añade la organización de consumidores, «y tras varios meses gestionando la reclamación, se ha conseguido que el importe a pagar por el cliente sea de 586 euros, devolviendo la compañía la cantidad cobrada de más».
Mas de un año le ha costado al socio de OCU de la localidad de Recas (Toledo) «solventar el procedimiento por el que, tanto la distribuidora UFD, como la comercializadora NATURGY le reclamaban más de 4700 euros con base en el consumo de un periodo inferior a 8 meses».
Y esto sucede, según OCU, «cuando el cliente decide poner en alquiler una segunda vivienda, la cual disponía de una sistema de contador que resultaba obsoleto, por llevar en la vivienda más de 30 años».
Ante esta situación, añade OCU que el cliente «decide ponerse en contacto con la distribuidora a finales de 2019 solicitando la instalación de contador nuevo, el cual queda abonado en ese mismo momento. Sin embargo, este nuevo contador jamás se llega a instalar por parte de la compañía. De hecho, a día de hoy, a pesar de que el mismo se encuentra abonado, no se ha procedido a su instalación».
Con la pandemia, explica OCU, «la solicitud se paraliza y no es hasta octubre de 2021 cuando el socio alquila la vivienda, sin aún tener cambiado el contador, a pesar de las múltiples llamadas a la compañía para que procedan a la instalación».
Durante los primeros meses, añade OCU, «ninguna factura de luz llega a la vivienda y, a pesar de que el socio insiste en innumerables ocasiones (llega a tener abiertos hasta 10 expedientes), no es hasta 8 meses después (junio de 2022) cuando recibe una factura por el consumo de todo ese periodo, por importe de 4776 euros».
Tras el hallazgo, argumentan desde OCU, «y tras varias reclamaciones sin que por parte de la compañía se proceda a intentar comprobar qué ha ocurrido», añaden, «es la misma comercializadora la que le indica que si no procede al abono inmediato de la misma, procederá al corte inmediato de suministro y posterior demanda».
A tenor de estos hechos, OCU explica que «lo único que consigue el socio es un fraccionamiento de la deuda, motivo por el que debe abonar durante un año la cantidad de 398 euros mensuales. Ante esta problemática y la imposibilidad de que la compañía entienda que dicho consumo es sumamente desproporcionado e irreal para las condiciones de la vivienda, y a pesar de que el socio ya había avisado de que el contador presentaba fallos y que ya había abonado la instalación de un nuevo contador, (el cual seguía sin instalarse), la compañía decide desentenderse de la situación».
Argumenta también en su escrito OCU que «por ello en junio de 2023, el citado socio decide acudir a la oficina de OCU en Toledo, exponiendo estos hechos. A través de la delegación, analizando toda la documentación que ostentaba el socio y la inverosimilitud de la reclamación hecha por la compañía, se decide iniciar un proceso de mediación frente a comercializadora y distribuidora».
Según OCU, «la respuesta de ambas muestra una total falta de diligencia y estudio del asunto: la comercializadora alega que se ha facturado en virtud de las lecturas emitidas por la distribuidora, la cual afirma, sin comprobar nada, que las mismas son correctas. Ante esta negativa en un primer momento, se aconseja al socio interponer una reclamación ante la Consejería de Industria de la JCCM, la cual, al ver el expediente, decide intervenir y comprobar el estado del contador. Es la Consejería la que, tras un análisis, remite informe a OCU por el cual se acredita que dicho contador no se encuentra funcionando correctamente y que se detectan fallos en su sistema».
Relata OCU que «dicho informe es trasladado a ambas empresas; tras unas semanas las mismas deciden admitir la negligencia que se ha realizado con el socio, solicitando disculpas y rectificando las facturas en el siguiente sentido: Al pedir el socio el fraccionamiento de la deuda, a día de solucionarse el conflicto, había abonado ya la cantidad de 2786 euros, de los cuales, la comercializadora NATURGY, le ha devuelto mediante ingreso 2.200 euros. Es decir, de una cantidad inicial que la compañía exigía al socio de 4776 euros, finalmente, el afectado ha abonado 586 euros, por el consumo real de esos 8 meses».
Para finalizar, OCU argumenta que ha gestionado en el año 2023 «un total de 1360 reclamaciones de socios castellano-manchegos frente a compañías eléctricas, y más de 20.000 a nivel general». Por ello, OCU anima a «reclamar a todos los consumidores que reciban este tipo de facturas abusivas».
