El pleno del Senado ha aprobado definitivamente la reforma de la Constitución que elimina el término ‘disminuidos’ con el respaldo de todos los grupos políticos, salvo el de Vox.
La primera reforma social de la Carta Magna ha recibido el apoyo de 254 senadores y el voto en contra de 3, de Vox, que se ha desmarcado del consenso que ha alcanzado la propuesta impulsada por PSOE y PP para ceñir la modificación solo al artículo 49.
Tras su aprobación en el Congreso y en el Senado, la reforma va ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y no entrará en vigor hasta que pasen quince días, que es el plazo que se abre por si un 10 % de la Cámara pide que se someta a referéndum, algo que en principio no parece probable con el pacto alcanzado por el PP y el PSOE.
La votación que ha puesto el broche final a la reforma que han seguido desde la cámara los ministros de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y de Justicia, Félix Bolaños, ha recibido una fuerte ovación de las entidades de la discapacidad presentes en la tribuna de invitados del hemiciclo.
“Culminamos el camino, es una gran felicidad, es una victoria de país y es la demostración de que cuando se escucha a la sociedad civil, lo que le pide a la clase política son reformas para ensanchar derechos, para hacer un país más justo, más igualitario, más progresista”, ha destacado el ministro Bustinduy a su llegada al Senado.
Vox, que ha sido el único grupo que se ha opuesto a cambiar la Constitución, ha justificado su rechazo por que, según ha dicho la senadora Paloma Gómez Enríquez, el momento político actual, con “un Gobierno sometido a los caprichos ilegales de sus socios”, “no es el más oportuno” para modificarla.
Sí consideran necesaria esta reforma, pero no la urgencia con la que se ha tramitado: “Ha hurtado el debate sin previo diálogo”, ha reprochado Gómez, para la que además de un cambio terminológico, es una declaración de “ideología política”.
Durante el debate, el senador de Compromís Enric Xabier Morera ha criticado “la falta de respeto” que ha supuesto no debatir las enmiendas que se han presentado, como la de recuperar el derecho civil valenciano.
También la senadora del PNV Estefanía Beltrán ha explicado que han renunciado a presentar cualquier propuesta en el Senado porque el “acuerdo táctico” ente PP y PSOE ya vislumbraba que no se aceptaría debatir otras cuestiones. “Solo cuando ellos lo deciden, se puede debatir sobre cualquier propuesta de modificación”.
Para el senador popular Miguel Ángel Jerez con este debate se salda “una deuda moral” con las personas con discapacidad porque durante mucho tiempo se ha “tolerado y consentido” la palabra ‘disminuido’, en tanto que su compañera Alicia García ha destacado que la reforma “no es producto de ningún trabajo de ingeniería política” ni está “fraguada a espaldas” de la sociedad.
“Es una cuestión de educación y de respeto; si a las cosas hay que llamarles por su nombre, a las personas hay que llamarlas, por lo que son, personas, porque no hacerlo así duele y ofende”, ha subrayado Jérez.
Ha sido la intervención del senador socialista Juan Ramón Amores García, con discapacidad y enfermo de ELA, la que ha arrancado unánimes aplausos en el hemiciclo, desde donde ha reivindicado la obligación de legislar para conseguir la igualdad real de todos porque de un día para otro puede cambiarnos la vida.
“Yo también me creía invencible y no veía la discapacidad como la veo hoy”, ha aseverado el parlamentario y alcalde de La Roda (Albacete), al que diagnosticaron la enfermedad hace ocho años y que desde la tribuna ha remarcado que sustituir el término ‘disminuidos’ por el de personas con discapacidad es desterrar “una palabra denigrante” y restaurar la dignidad de cuatro millones de personas.
El resto de grupos han celebrado esta reforma constitucional y han confiado en que a partir de ahora se asuma el compromiso de equidad en las políticas públicas que se diseñen.
La reforma ha sido celebrada en las puertas del Senado por las entidades de la discapacidad, impulsoras del cambio de la Constitución desde hace dos décadas.
“Es un orgullo que la discapacidad genere consensos”, ha asegurado a EFE la directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Pilar Villarino, que junto a otras entidades, como la ONCE, han compartido el “éxito histórico” con los grupos políticos.
