Profesionales de la Justicia realizaban este viernes, 24 de noviembre, una concentración para mostrar su postura en relación a la defensa del Estado de Derecho.
Ante las puertas de la Ciudad de la Justicia se concentraban jueces, fiscales, letrados, funcionarios, abogados, médicos forenses, procuradores y personal de la Administración de Justicia con el objetivo de remarcar su rechazo a la amnistía. Así, esta movilización era convocada por jueces y magistrados de Albacete, la Asociación Foro Judicial Independiente y el Colegio de la Abogacía de Albacete.
Recuerdan en Albacete que: “’Sin Estado de Derecho, no hay Democracia’”
Durante la concentración, la presidenta de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ), Raquel Iranzo, procedía a dar lectura de un manifiesto en defensa del Estado de Derecho. “Bajo el lema de ‘Sin Estado de Derecho, no hay Democracia’, los aquí congregados nos adherimos a los comunicados recientes de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, de las asociaciones judiciales y fiscales, de los Jueces Decanos de España y de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, recordando que el Estado de Derecho en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional exige el absoluto respeto a la división de poderes”, indicaba.
Manifestaban que “ el ejercicio de la función jurisdiccional, se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y ha la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en aplicación de la ley”. De este modo, ponían de manifiesto “la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones, siendo incompatible con esto la posibilidad de fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”.
En este sentido, recordaban lo recogido en el comunicado emitido desde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia el pasado 10 de noviembre, en el que se especificaba “cualquier posibilidad de construir comisiones parlamentarias para la determinar situaciones de judicialización de la política y las consecuencias derivadas de ello”. Concretamente, ponían como ejemplo “acciones de responsabilidad y modificaciones legislativas”.
“Un ataque frontal a la separación de poderes”
Al respecto, consideraban “una intromisión hasta ahora inaudita en la labor de juzgados y tribunales”, lo ocurrido en relación a la amnistía. Igualmente, estos profesionales de Justicia consideraban que se trata “de un ataque frontal a la separación de poderes, que implicaría que el poder legislativo se convierta en el supervisor del Poder Judicial”.
Por tanto, subrayaban que “en un estado democrático y de derecho en el que la acción del poder judicial es independiente y se rige única y exclusivamente bajo el imperio de la ley, tal y como establece la Constitución española, resultan inadmisibles iniciativas que supondrían y qué un grave menoscabo a los derechos y libertades de todos los españoles”.
/Fotos: Miguel Ángel Romero/
