Un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso, según una encuesta de GAD3 encargada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, que le encargó hace un año y medio el Congreso de los Diputados, y que ha entregado este viernes a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.
En total, un 1,13% de los encuestados asegura que la agresión se registró en el ámbito religioso, lo que elevaría la cifra a unas 445.000 personas, teniendo en cuenta que en España hay 39.415.017 personas de 18 y más años, según el último dato del INE disponible facilitado a Europa Press.
La encuesta demoscópica, encargada por el Defensor del Pueblo siguiendo el proceso de licitación de la Administración, contempla una muestra metodológica y numérica significativa de la población española (8.013 personas) a partir de datos anonimizados recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas de la institución.
Esta revela, entre otros datos, que el 11,7% de los entrevistados afirma haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años, es decir, 4,6 millones de personas, de ellos, un 3,36% en el ámbito familiar, es decir, 1,3 millones de personas. Por otro lado, un 72% de los encuestados considera que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4%, bastante grave; y la mayoría piensa que no se están tomando las medidas adecuadas frente al problema.
487 VÍCTIMAS ENTREVISTADAS
Además, el informe revela que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, han denunciado abusos sexuales en el seno de la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por el Defensor del Pueblo. Además de los testimonios directos, han tenido en cuenta otras fuentes provenientes de organismos oficiales, de la Iglesia y de la investigación del diario El País.
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha mantenido reuniones con asociaciones de víctimas, más de 80 encuentros con el presidente y secretarios generales de la Conferencia Episcopal Española (CEE), con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) O con el decano del Tribunal de la Rota, entre otras.
A lo largo de sus 777 páginas, el Informe del Defensor, titulado ‘Una respuesta necesaria’, apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada «mucho tiempo» por la «negación», la «minimización» u «ocultación» del problema y denuncia que las víctimas han sufrido incluso «presiones» de representantes de la misma en las que se les «culpabilizaba».
No obstante, también reconoce «buenas prácticas» y «el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida».
Por otra parte, critica que los poderes públicos carecieron de «procedimientos adecuados» para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que hasta 2021 no se introdujeron mecanismos en todos los centros educativos públicos o privados. La mayoría de casos que se han denunciado, según precisa, pese a ser una pequeña parte del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.
ACTO PÚBLICO DE RECOCIMIENTO Y REPARACIÓN
El Informe propone una veintena de recomendaciones, entre ellas, celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020.
Igualmente, propone la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.
Además, sugiere que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares; y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran sus archivos.
En la rueda de prensa posterior a la entrega del informe, el Defensor del Pueblo ha pedido que este asunto no se convierta en un «trampantojo» para «enredarse» en «otros debates infecundos». Por ello, se ha dirigido «expresamente» al Congreso de los Diputados, al Gobierno y a la Iglesia para que asuman lo que significa y adopten las medidas a fin de dar una respuesta necesaria a ellas.
Gabilondo ha expresado que «es necesario dar respuesta a una situación de sufrimiento que durante años ha sido cubierta por un injusto silencio», y ha precisado que «no es cierto que todos lo sabían» pero «no es verdad que nadie lo sabía».
En cuanto al informe, Gabilondo ha aclarado que el objetivo no era «llegar a conocer una cantidad concreta y concluyente» y ha advertido de que «pretender hacer una estimación supondría pasar por alto» el «respeto absoluto a la voluntad de las víctimas» y el «silencio voluntario de muchas»; e «ignorar» a las que han desaparecido.
El estudio, según ha indicado el Defensor, revela el «impacto devastador» de los abusos y señala que en muchos casos la respuesta ha sido «insuficiente» y «dilatoria», predominando durante años determinadas conductas como el «traslado» de las personas abusadoras «de modo reiterado, no ocasional».
No obstante, ha puntualizado que este informe no pretende ser «una última palabra» o «un punto final» sino que «más bien aspira a contribuir a la toma de conciencia».
LOS OBISPOS INVITAN AL DEFENSOR A PRESENTAR EL INFORME
Por el momento, según ha indicado Gabilondo, no han entregado el informe a la Iglesia Católica pero ha precisado que el próximo lunes, la Conferencia Episcopal Española ha convocado una reunión extraordinaria para analizar el documento y que los obispos le invitaron a asistir para presentarlo. Si bien, ha explicado que no podrá acudir debido a un asunto familiar, aunque no descarta presentárselo en otro momento.
Sobre la colaboración durante la realización del informe, el Defensor ha dicho que «mentiría si dijera que nadie ha colaborado» pero también «mentiría si dijera que ha habido una colaboración extraordinaria». En todo caso, considera que «la Iglesia ha tomado conciencia de que el mayor de los escándalos sería no colaborar».
Aunque ha reconocido que se ha «llegado tarde» a hacer este informe, Gabilondo ha defendido el resultado y la encuesta «técnicamente impecable» de GAD3, a pesar de utilizar una muestra inferior a la empleada en el informe sobre los abusos en la Iglesia francesa pues, tal y como ha explicado, si hubieran duplicado o triplicado el número de encuestados, el resultado «no habría sido diferente».
Ahora, con los datos sobre la mesa, según ha dicho, «es el momento del Congreso, de la Iglesia, del Gobierno» que ya «tienen datos suficientes para dar una respuesta concreta».
Respecto a la Iglesia, Gabilondo considera «imprescindible» e «inevitable» que esta «colabore económicamente» en el fondo estatal para la reparación de las víctimas. También cree que la Iglesia debe estar presente en el acto público que se realice.
Aunque la intención del Defensor era presentar el informe ante los diputados que encargaron su elaboración, ha explicado que no pudo hacerlo debido a la disolución de las Cortes como consecuencia de la convocatoria de elecciones anticipadas, pero dice que el debate no queda «eludido» y ya le ha trasladado a la presidenta del Congreso su deseo de presentar los resultados.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha recogido en el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos’, testimonios directos e indirectos sobre 487 víctimas: «Tengo problemas de alcoholismo desde los 12 años, porque era mi salida: sabía que cada violación, aunque me doliera, sería menor con alcohol», reconoce una víctima.
Según los datos recogidos por la institución que dirige Ángel Gabilondo, 410 de las víctimas fueron hombres (84,19%) y 76 mujeres (15,61%), un 97,2% de los testimonios sostiene que fueron víctima de abusos sexuales durante su minoría de edad. «Tomando como referente la fecha de mi comunión, puedo situar los abusos en la segunda mitad de 1960, entre mis 6 y 8 años», dice una de las víctimas.
Tras analizar los testimonios recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas, se ha constatado que el tipo de abuso más común fueron los tocamientos, presentes en tres de cada cuatro relatos. Le siguen, por frecuentes, las conductas de masturbación pasiva (22%) y activa (16,2%). Además, se han denunciado 115 casos de violación: 51 personas informaron de que habían sufrido agresiones con penetración anal (10,47%), 46 con penetración oral (9,45%) y 18 con penetración vaginal (3,7%).
«Me tocó ser testigo presencial de los tocamientos que hacía a los niños de la parroquia. Y no solo a los de la parroquia, sino a los de otro colegio, donde había niños poco favorecidos», relata un testimonio, mientras que otro señala: «Recuerdo que hubo tocamientos, recuerdo que me besaba y, después, cuando le parecía que estaba todo terminado, pues me daba unos caramelos, me decía que eran especiales, que los hacía él. Incluso recuerdo del gusto que tenían, a higos. Y también me decía que no tenía que contarle nada a nadie, que era un secreto entre nosotros».
El informe sostiene que «centenares» de testigos han afirmado que creen que más gente sabía lo que sucedía, y en muchos casos, han referido que el conocimiento de los abusos era evidente por parte de otros clérigos. «Mientras sucedía el abuso en el despacho del director, los niños más mayores aporreaban la puerta para que me dejara en paz. Si esos estudiantes gritaban y hacían ruido, ¿por qué el resto de religiosos no hacía nada por evitarlo?», se plantea una de las víctimas que ha ofrecido su testimonio.
CONSECUENCIAS DE LOS ABUSOS
Sobre las consecuencias de los abusos, la investigación pone de relieve que los problemas emocionales y de conducta son los más prevalentes, afectando a la mayoría de personas entrevistadas. Le siguen los problemas de relación interpersonal, los funcionales como trastornos de sueño o de tipo alimentario, y los sexuales. «He tenido muchos problemas sociales, muchísimos, muchísima ira, mucha inadaptación. Por ejemplo, con mi familia no tengo trato, porque no hemos sabido comunicarnos», explica una de las víctimas.
Asimismo, en una quinta parte de los casos el Defensor del Pueblo ha hallado sentimientos de vergüenza y estigmatización. «Me daba vergüenza explicarlo, porque no quería decir cosas malas de un cura, que en teoría era una persona buena», rememora otro testimonio.
Otras secuelas que han revelado las víctimas son la ideación suicida, el abuso de sustancias y el rechazo al contacto físico, que aparecen en un 15% de los relatos. «A los 17 años intenté suicidarme, me tomé toda la medicación que tenía para la depresión y me corté las venas del brazo», cuenta una víctima, mientras que otra habla del consumo de drogas: «consumir pastillas, hachís, hasta entrar en la heroína […], que anestesiaba las malas emociones».
Por otro lado, una mayoría de las víctimas entrevistadas ha afirmado que perdió la confianza en la Iglesia tras los abusos sufridos, lo que no siempre conllevó una pérdida de confianza en Dios. «Nunca más supe de este cura, no lo vi nunca más. De hecho, yo no quería ir a la iglesia, desde entonces estoy alejada de la religión […]. Yo no quiero que a mi hija le pasara algo así. No he bautizado a mi hija, porque yo no confío en la Iglesia, no creo. No sé si decir que no creo en Dios por culpa de este señor que, bueno, me truncó mi infancia», cuenta otra víctima de abusos.
FACTORES DE RIESGO
Respecto a los factores de riesgo relatados por las personas entrevistadas, el estudio revela que destaca la ausencia (física o emocional) de progenitores, la falta de educación sexual, la baja autoestima, ser monaguillo o residir en un internado religioso y, en menor medida, trastornos mentales o discapacidades. «Habló conmigo y me dijo que, al estar separados mis padres, yo tenía falta de cariño y que él se había fijado en mí porque lo necesitaba y lo que hacíamos era amor, que no me preocupase», asegura una de las víctimas en su relato.
En el ámbito familiar, según el informe del Defensor, la vulnerabilidad económica y pertenecer a una familia «profundamente» religiosa han sido identificados como posibles factores de riesgo. «Mis padres eran supercatólicos, pero activos. Mi padre estudió en el seminario. Y mi madre llevaba una revista del obispado […]. Él iba a misa con mi madre todas las mañanas a las 7, donde solo estaban mis padres y las hermanitas que atendían allí. Y los domingos íbamos todos», relata otro testimonio.
También se han detectado factores asociados con el agresor, como el consumo de alcohol o conflictos internos. «Un día me hizo sentarme en su falda, después de comer, y empezó a besarme en la mejilla, y me abrazaba muy fuerte, de una forma que no lo habían hecho mis padres, y empecé a notar un olor muy fuerte a alcohol, brutal», explica una víctima, al tiempo que otra asegura: «Salía en albornoz y con un vaso de licor DYC por el comedor».
NEGACIÓN, OCULTACIÓN Y PRESIONES
El informe del Defensor del Pueblo hace hincapié, asimismo, en que «algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones» de representantes de la Iglesia en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos.
«Escribíamos panfletos a máquina denunciando a los curas abusadores y pidiendo a los niños que se negaran a ir a sus despachos, y aprovechábamos los recreos para hacer pintadas en las pizarras de las aulas con los nombres de los pederastas. El director, en vez de investigar las denuncias, nos expulsó del colegio a los sospechosos, y organizó una campaña difamatoria acusándonos de maleantes y traficantes de droga. Para colmo, prohibieron a los alumnos cualquier relación con nuestros hermanos pequeños. Cuando fuimos a pedir explicaciones, los expulsaron también», denuncia una de las víctimas.
A juicio del Defensor, «durante mucho tiempo, las instituciones, en general, han permanecido inactivas ante la realidad de los abusos sexuales y no han realizado los esfuerzos necesarios para proteger a los menores de edad frente al riesgo de abuso en los centros educativos y en otras instituciones sociales, muchas de ellas dependientes de la Iglesia católica, pese a que podían ser conocedoras de la gravedad de ese riesgo». Además, añade que las víctimas «no han obtenido reparación del daño causado ni suficiente apoyo por parte de las instituciones a través de los mecanismos actualmente existentes».
Los obispos convocan el lunes Asamblea extraordinaria sobre el informe de abusos del Defensor y la auditoría de Cremades
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha convocado el próximo lunes 30 de octubre una Asamblea Plenaria Extraordinaria en la que analizará el informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre abusos en la Iglesia, y la solicitud del despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de la auditoría encargada por los prelados.
De este modo, la reunión, a la que acudirán los obispos de forma presencial u online, se centrará en los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, tendrá dos puntos en el orden del día.
En primer lugar, el estudio y valoración del informe presentado por el Defensor del Pueblo este viernes en el Parlamento. En segundo lugar, el estudio de la solicitud del Despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal.
Víctimas de abusos piden que la Iglesia pague las compensaciones: «Tienen que pagar los obispos y no el contribuyente»
Víctimas de abusos sexuales por curas o religiosos han reclamado que sea la Iglesia la que compensación a su favor y no el Estado, como propone el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en su ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos’.
«La factura de la reparación económica la tienen que pagar los obispos y no el contribuyente. La Iglesia se ha negado a colaborar de forma generalizada», ha criticado el primer denunciante del caso de abusos en Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, en declaraciones a Europa Press.
Tras el informe presentado por el Defensor del Pueblo, Hurtado ha señalado que la investigación española en los casos de abusos en la Iglesia «ha sido un gatillazo y una decepción», al tiempo que ha destacado que es de una «calidad pésima» en comparación con la de otros países como Australia o Irlanda. «El legislador español sabía cuáles eran los modelos óptimos de buenas prácticas y ha escogido de forma consciente y deliberada hacer las cosas mal», ha asegurado.
En concreto, ha hecho referencia a que en España «no se ha investigado el encubrimiento cometido por la jerarquía católica de forma generalizada y sistemática», ya que, en sus palabras, «sólo se han limitado a entrevistar a algunas víctimas pero no han revisado los archivos canónicos o entrevistado a las instituciones donde sucedieron los hechos».
Sobre las recomendaciones del Defensor del Pueblo, entre las que destacan la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas o celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica, Hurtado lamenta que «son insuficientes y descafeinadas» ya que «no se ha escuchado a las víctimas ni a los expertos internacionales».
En la misma línea, Miguel Barbero, padre de una de las víctimas que denunció el caso Maristas, ha incidido en que «indudablemente» la Iglesia debe hacerse cargo del pago de compensaciones a favor de las víctimas. «Al final esto lo paga todo el mundo menos la Iglesia, al final vamos a pagar todos los españoles unas indemnizaciones que le tocaría a la Iglesia. ¿Por qué tienen que ser los españoles los que paguen los platos rotos por unos pederastas?», se ha preguntado.
Barbero, quien cree que ha habido una «falta de colaboración» de la Iglesia en la investigación, ha defendido que el Defensor del Pueblo, para llegar a las conclusiones y estimaciones de su informe, debería haber contado con la otra parte, que es la Iglesia, «y haberse hecho una investigación conjunta».
«Ahora vamos a entrar en una guerra de cifras y no va a ser serio. Ya solicitamos que se hiciera una Comisión de la Verdad, ya que si tienes de la mano a la propia Iglesia hubiera sido más sencillo», ha agregado en declaraciones a Europa Press.
PONER FIN AL CONCORDATO ENTRE EL ESTADO Y LA IGLESIA
Aunque considera que el Defensor del Pueblo ha estado «muy acertado» en su informe y ha hecho un trabajo «muy exhaustivo», José Luis Pérez, miembro de la Asociación de víctimas de abusos sexuales en centros religiosos de Navarra, ha echado en falta que haya sido «más duro» respecto al concordato que tiene el Estado con la Iglesia.
Así, ha abogado por que ese acuerdo «desaparezca» ya que, a su juicio, «sería la solución a muchas cosas» ya que es lo que ampara a la Iglesia «para que no se abran los expedientes». «Sin este acuerdo habría más claridad, más libertad a la hora de investigar y ver los archivos. Existiendo este concordato sólo la Iglesia puede tocar esos archivos», ha zanjado.
José Luis Pérez también se ha mostrado en contra de que «el pueblo tenga que pagar» la compensación a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. «Es terrible que esto lo pague el pueblo y salga de los impuestos. Las consecuencias las tiene que pagar la Iglesia íntegramente porque es la que nos hizo el daño, la que no nos cuidó y fue dentro de la Iglesia donde nos violaron y nos destrozaron la vida», ha denunciado.
Sobre las cifras extraídas de la encuesta elaborada por el Defensor del Pueblo, que revela que un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia, Pérez ha apuntado que «esto ya no es cuestión de números, es cuestión de gravedad».
«La Iglesia, a partir de hoy, tiene un trabajo enorme para hacer y espero que sigan con ello. Si a partir de hoy sigue callando sería un escándalo. No puede seguir en silencio», ha advertido.
20 RECOMENDACIONES DE LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS EN LA IGLESIA
Por su parte, el presidente de la Asociación Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, que ha estado «muy involucrado» en el informe del Defensor del Pueblo, ha valorado que el resultado de esta investigación «responde fundamentalmente al testimonio y reivindicaciones de un grupo de víctimas de abusos sexuales», por lo que las 20 recomendaciones que incluye «son propiamente de las víctimas».
«Creo que está bien, que es positivo, pero no es un fin en sí mismo, es un instrumento que se remitirá luego al Pleno del Congreso de los Diputados», ha explicado Cuatrecasas, que tiene la «esperanza» en que los grupos parlamentarios valoren estas medidas «y legislen en favor de los derechos de las víctimas».
El presidente de ANIR considera que estas peticiones no son «una limosna, son derechos». Entre las principales recomendaciones incluidas en el informe, Cuatrecasas considera más importantes que el Sistema Nacional de Salud implemente terapias gratuitas para todas las víctimas de abusos; que la Iglesia haga frente a las «carencias» que provoca la exclusión laboral y estudiantil de muchas víctimas; y que la Fiscalía actúe de oficio ante las «presiones y amenazas» que se ven sometidas algunas víctimas «por parte de sus pederastas y del entorno del pederasta».
