El Sindicato de Policías Locales de Castilla-La Mancha (SPL CLM) informaba este martes en nota de prensa de que el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Albacete “ha acordado incoar diligencias previas contra el Alcalde de Albacete, Emilio Sáez y el concejal de Deportes, Modesto Belinchón, por un posible delito de prevaricación administrativa como consecuencia de irregularidades en la contratación de los auxiliares de la llegada a Albacete de una etapa de la Vuelta Ciclista a España 2021”.
El PP pide la dimisión del alcalde de Albacete
Una situación que también denunciaba el concejal del PP en el Ayuntamiento de Albacete, Francisco Navarro. “Tenemos que lamentar profundamente que los albaceteños en plena campaña electoral se hayan tenido que enterar por los medios de comunicación de una situación gravísima que afecta al Ayuntamiento de Albacete y al alcalde de la ciudad”, sostenía Navarro al tiempo que añadía que “es una situación que tiene que ver con un procedimiento penal que está en curso del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Albacete”.
Desarrollaba sobre este procedimiento judicial el concejal del PP que “se crea en un auto de diciembre de 2022, fecha desde la que el alcalde sabe que existe esta situación y no ha trasladado ninguna información a los grupos municipales”. Puntualizaba que “estas diligencias previas tienen que ver con el pago de una factura que se emitió por una empresa para la ejecución de los trabajos necesarios para la llegada de la Vuelta Ciclista a España en el año 2021”.
Sobre este hecho señalaba Navarro que “se contrató una empresa irregularmente”, añadiendo que “esto es algo que viene coleando desde hace bastante tiempo en diferentes Comisiones Informativas de Hacienda del Ayuntamiento de Albacete y también en diversas Juntas Rectoras del IMD, pero se nos ha ocultado a los concejales la gravedad de la situación”. “Si bien se venía poniendo de manifiesto en los expedientes que tenían que ver con la tramitación de esta factura que no debía de ser pagada y que había razones muy justificadas para no atender el pago de la factura porque no se había prestado correctamente el servicio”, exponía el concejal del PP.
Al respecto, desgranaba que “los auxiliares a los que hacía referencia el servicio que contemplaba esa factura no reunía los requisitos legalmente exigibles, como es contar con carnet de conducir e incluso hablamos de menores de edad en algún caso para poder realizar funciones de corte de tráfico…”. Además, sostenía que “la empresa tenía una deuda con la Agencia Tributaria y por eso y por diversas razones no estaba aconsejado el pago de esa factura”, y añadía que “a lo largo de todo este tiempo ha derivado esta situación en que nos hemos enterado que existen unas diligencias previas en las que el Ayuntamiento de Albacete ha sido requerido para aportar documentación relacionada con la tramitación de esta factura y donde figuran como denunciados el alcalde y el concejal de Deportes”.
“El día 30 de marzo en el pleno se nos ocultó esta circunstancia porque el alcalde conocía que existen unas diligencias previas en donde, por vía penal, esta situación está denunciada y en ese pleno se trató de que el conjunto de concejales acordáramos el pago de esa factura que está tan puesta en entredicho”, detallaba Francisco Navarro. “Nuevamente el boato del alcalde se pone en entredicho por la tramitación irregular y no es la primera vez que tenemos desgraciadamente que decir que las ansias de impresionar a los albaceteños por parte del alcalde hacen que por su torpeza y mala gestión se incurra en irregularidades, tal y como ocurriera con las luces de Navidad”.
Consideraba que “esa incapacidad para gestionar no puede incurrir en la comisión de irregularidades permanentemente, irregularidades que dan lugar a que exista un procedimiento penal abierto en fase diligencias previas”. “Creemos que es un día donde no puede pasar el alcalde la oportunidad de dar explicaciones de por qué el pleno de marzo no tuvo constancia de ese procedimiento”, indicaba y tachaba la situación de “ocultismo y falta de transparencia por parte del alcalde”.
Por todo ello, pedían desde el PP “la dimisión del alcalde porque esta situación le inhabilita para continuar”, al tiempo que exigían las explicaciones oportunas para aclarar este asunto. “Lamentamos que haya tenido que ser así y decimos a los albaceteños que esto que desgraciadamente se ha convertido ya en la tónica del Gobierno de PSOE y Ciudadanos de estos cuatro años, desaparecerá de la vida pública cuando Manuel Serrano gobierne el Ayuntamiento de Albacete”.
El PSOE considera esta situación de “oportunista”
Por su parte la concejal de Economía y Hacienda, Recursos Humanos, Interior, Seguridad y Patrimonio realizaba un relato sobre la evolución de esta situación vinculada al citado expediente de contratación, considerando que “cuando he leído la nota de prensa del SPL CLM he pensado que era algo absolutamente oportunista porque es un tema que ya tiene un relato y una historia”. De este modo, desarrollaba que “la Vuelta Ciclista a España llegó a Albacete en julio de 2021 y aquella Vuelta Ciclista la hicimos, no sin dificultades, por cuanto no encontramos la colaboración de la Policía Local al no querer realizar jornadas extraordinarias que son voluntarias”.
Al respecto, exponía la concejal que “para desarrollar la Vuelta Ciclista se contó a través del IMD con una empresa auxiliar para tareas auxiliares e impedir que el público pudiera invadir las zonas de circulación”. “Ante estas circunstancias por parte del SPL, que se comporta como el sindicato del PP, intentaron boicotear en todo momento que esta actividad resultara bien y segura, que era lo importante”, sostenía Maia José López, indicando que “ya en ese momento lo que plantearon fue una actuación ante el Contencioso Administrativo y presentaron una denuncia por el comportamiento y el contrato llevado a cabo por esta empresa”.
Sobre la nota de prensa emitida este martes por el SPL indicaba la concejal que “presenta medias verdades porque realmente no se archivó por muchas otras circunstancias”, añadiendo que “por parte del SPL no se inició ningún tipo de recurso y el archivo se produjo en el mes de febrero de 2022 y no es hasta agosto de 2022 cuando con esos mismos hechos y esa irregularidad administrativa deciden trasladarla a la vía penal y se dirigen como denunciantes ante el Juzgado de Instrucción”. Al respecto explicaba que “cuando uno presenta una denuncia en el Juzgado de Instrucción, si la documentación que aporta no es suficientemente relevante para que los hechos queden acreditados, ni queden perfectamente identificados los sujetos que han podido cometer ese presunto delito, todo Juzgado incoa diligencias previas de investigación”.
En este sentido, desarrollaba la concejal del PSOE que “nos remitieron un oficio instándonos a que aportáramos una documentación y para poder aportarla tanto el Ayuntamiento como el IMD nos personamos, puesto que nos pidieron el expediente al Ayuntamiento, cuando realmente quien organizó esa actividad fue el IMD”. Señalaba que “en abril de 2023 tanto el SPL como el Ayuntamiento y el IMD estábamos personados para presentar a documentación, es decir, no es algo que hayan descubierto esta mañana, sino que es algo que se conoce desde hace un mes”.
“Lo que ocurre es que dentro de tres días celebramos unas elecciones municipales y como somos un sindicato jugamos a hacer política o jugamos a ser el sindicato de un parido político como el PP”, manifestaba María José López. De este modo, aseguraba que “nosotros estamos absolutamente tranquilos y lo que creemos que va a pasar es que se van a archivar esas diligencias informativas por cuanto no existe comisión alguna de delito”, sosteniendo que “las cosas se hicieron lo mejor que pudimos, supimos y nos dejaron. Apuntaba que “es cierta esa irregularidad administrativa, pero no es constitutiva de delito, y no es cierto que se haya destapado hoy sino que está desde el mes de abril”, y añadía que “el Juzgado decidirá si procede seguir investigando o no, y proceder al archivo”.
