La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto acoger el próximo martes 11 de abril el juicio contra cuatro médicos de Albacete y dos titulares de farmacias que están acusados de un presunto delito de estafa continuada al expedir recetas a nombres de pacientes que no requerían tales medicamentos, logrando precios bonificados por la Seguridad Social.
El juicio, por unos hechos que se remontan a los años 2012 y 2015, quedó aplazado en mayo del año pasado, ante la incomparecencia de uno de los acusados y finalmente está señalado para este próximo martes.
Están procesados también un enfermero del centro de salud de Riópar (Albacete) por un delito de falsedad en documento oficial, ya que llevaba en su vehículo varias recetas expedidas por una de las médicas que será juzgada y que se le encontraron cuando tuvo un accidente, en mayo de 2015, y un deportista no federado que iba a retirar recetas de un medicamento con sustancias anabolizantes.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete acogerá este juicio en el que estaba acusado un tercer farmacéutico de la ciudad de Albacete, que falleció en 2015.
Los hechos, por los que los acusados se enfrentan a penas de hasta siete años de cárcel, ocurrieron entre 2012 y 2015, y la Policía Nacional informó de la operación en 2016.
Como recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, tres de los médicos acusados -de nacionalidad cubana- trabajaban en Urgencias de los centros de salud albaceteños de Ossa de Montiel, Casas de Juan Núñez y el área sanitaria de Hellín, mientras que la cuarta acusada es de nacionalidad argentina y trabajaba en el centro de salud de Riópar, al igual que el enfermero procesado.
Los tres médicos se enfrentan a unos seis años de prisión por delitos de falsedad continuada y pertenencia a grupo criminal organizado, mientras que para la facultativa que estaba en Riópar se piden siete años de cárcel y para el enfermero 16 meses de prisión.
Para los farmacéuticos procesados, el Ministerio Fiscal solicita más de seis años de prisión, mientras que para el deportista pide tres años.
A los médicos y titulares de farmacias se les acusa de formar una red «con el ánimo de obtener un lucro ilícito» de extensión de recetas a nombre de sus propios pacientes o de otras personas que no necesitaban los medicamentos.
El escrito de acusación del Ministerio Fiscal indica que, en ocasiones, ni constaba en el historial médico de los afectados que la medicación recetada les hubiera sido prescrita.
Según el fiscal, estas recetas conllevaron un coste económico a la Seguridad Social ya que «en la mayor parte de las ocasiones debía hacer frente al coste total de la medicación y en otras al 90%».
