La reducción de penas impuestas a condenados por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la conocida como Ley del “solo sí es sí” ha beneficiado ya a cerca de 200 agresores sexuales en prisión que han visto reducidas sus penas, hasta tal punto que 18 de ellos han llegado a ser excarcelados mientras el Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero (Unidas Podemos) no reconoce fallo alguno en la Ley y se enroca en no modificarla a pesar de la alarma social creada.
La Consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha mantenido una entrevista con El Digital de Albacete en la que ha sido cuestionada por este asunto y se ha mostrado contundente en sus respuestas.
El Digital de Albacete– ¿Qué siente la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha cuando cada día hay un goteo continuado hasta llegar a 200 casos de violadores que se han beneficiado de una ley, la del sí es sí, que supuestamente está concebida para proteger a la mujer frente a la agresión?
Blanca Fernández– Mucha indignación, francamente, como cualquier ciudadana o ciudadano, porque entiendo que el legislador pueda equivocarse, pero no que no se rectifique.
Ésta es una buena ley la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual porque es una ley que coloca el consentimiento en el centro y eso es lo más importante de todo para evitar que las víctimas se vean perseguidas por detectives privados para ver si están muy traumatizadas y con ello demostrar que efectivamente es un cuento, ya saben que esas cosas pasan, o cuestionar permanentemente cómo iba vestida o si provocó o no provocó porque esto es así.
Es verdad que esta Ley en el aspecto también punitivo acierta poniendo el consentimiento en el centro; y luego es una Ley integral muy positiva y nos dota también de recursos y de obligaciones a las administraciones públicas, pero han metido la pata en la reforma de los supuestos penales, no en todos los supuestos porque se han subido algunas penas, se han introducido más supuestos de manera que puede haber más precisión jurídica, pero se han rebajado algunas penas y esto es un error garrafal. ¿Qué siento yo? Indignación. ¿Por qué? No por el error, sino por la reacción a la defensiva y es lo que no salgo de mi asombro. Ayer leía a Carmena, y estoy de acuerdo con ella, el no rectificar esta Ley en ese aspecto es de soberbia infantil. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Igualdad? Blindarse. ¿Qué tendría que hacer el Ministerio de Igualdad? Blindar a las mujeres y es ahí donde yo no salgo de mi asombro y francamente ya no tengo ninguna esperanza, creo que ya no hay nada que esperar por parte del Ministerio de Igualdad.
E.D.A.– ¿Es consciente que decir esto le va a generar más críticas desde el Ministerio de Igualdad que a su propia Ley?
B.F.– Sí. Yo soy absolutamente consciente de que cuando salimos criticando a Podemos lógicamente hay una parte de Podemos que se enfada mucho, también es lógico, yo también me enfado cuando me critican aunque tengan razones para criticarme, y entiendo que además el Gobierno de España pueda pensar por qué no se callan, pero es que esto es una cuestión de lealtad hacia las mujeres, lealtad hacia ti misma, hacia el trabajo que hacemos, hacia el propio trabajo que hace el Ministerio de Igualdad en otros aspectos muy buenos. Yo no quiero denostar a Irene Montero, esta no es una batalla política, no quiero confrontar con la Ministra en absoluto, hemos colaborado en muchas políticas y yo creo que el Ministerio que se le critica muchísimo ha hecho muchas cosas buenas que no se les reconocen, pero aquí han metido la pata hasta niveles insospechados y, sobre todo, no con el error inicial, sino con la persistencia en el error. Yo siempre digo lo mismo, no se puede acusar a los jueces de ser fachas con toga si inmediatamente no les pones una denuncia por prevaricación. Si no les has puesto una denuncia por prevaricación en el Ministerio de Igualdad es que los jueces están cumpliendo la Ley. La Ley es interpretable, habrá interpretaciones en una dirección o en otra, pero todas ellas se han ajustado a la legalidad. Por tanto, ¿quién tiene el problema? El Ministerio de Igualdad.
