El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 15 años de prisión a un padre por violar a su hija menor de edad, a la que dejó embarazada, en la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha).
La Sala de lo Penal explica que este caso no está afectado por la aplicación de la ley del «solo sí es sí» porque la pena impuesta fue la máxima legalmente prevista (15 años) en la anterior regulación, que coincide con la actual en el caso concreto examinado.
El padre fue condenado por un delito continuado de agresión sexual, con acceso carnal y prevaliéndose de su situación de parentesco. Dice el tribunal que no habiendo sido modificado por la ley del «solo sí es sí» el límite máximo legalmente previsto para la sanción de estas conductas, la nueva regulación no puede considerarse, en este caso, más favorable para el acusado.
El Supremo se pronuncia así en una sentencia que desestima el recurso del condenado contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha que confirmó otra de la Audiencia de Toledo.
Este tribunal declaró la paternidad del niño como hijo no matrimonial del recurrente e impuso a éste la pena de privación de la patria potestad del hijo-nieto, así como la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse con él y con su hija durante 20 años, una indemnización de 25.000 euros a su hija, y una pensión de alimentos a favor del menor de 250 euros mensuales.
Los hechos probados recogen que el padre empezó a realizar tocamientos sexuales a su hija sin su consentimiento, cuando se quedaba a solas con ella, desde que la menor tenía 12 años.
Incluso ordenó a la niña en una ocasión, cuando tenía 14 años, que mantuviera contactos sexuales con su hermano, tres años menor, mientras él observaba la escena sin que ellos le vieran.
Ya a partir de los 16 años, el padre comenzó a mantener relaciones sexuales plenas con ella, que accedía a sus requerimientos debido a las agresiones y a las amenazas que éste le dirigía, por eso, la menor no contó a nadie lo ocurrido ante el temor que le inspiraba su padre.
De hecho, cuando se quedó embarazada, el condenado le ordenó que mintiera a su madre y a su hermano sobre la paternidad del bebé, a lo que ésta accedió debido al miedo que sentía hacia su progenitor. Pero cuando cumplió 21 años lo denunció todo ante la Guardia Civil.
La Sala rechaza el argumento del acusado de que las relaciones sexuales plenas que mantuvo con su hija fueron consentidas, por lo que no hubo violencia ni intimidación, algo que resulta difícil de creer ante la «situación de sostenida violencia que el acusado dispensaba a su hija» y los testimonios del hermano y la madre.
