La asociación para la defensa de la naturaleza sur de Valencia, ha interpuesto una querella contra IDE Redes Eléctricas Inteligentes (nueva denominación de Iberdrola Distribución Eléctrica) en los juzgados de Alcaraz (Albacete) con motivo de la electrocución de una especie en peligro de extinción en una línea eléctrica su propiedad, que transcurre por el centro sur de la provincia de Albacete, atravesando parajes de enorme importancia medioambiental, y que cuentan con una biodiversidad cada vez más escasa; hecho motivado en gran parte por esta causa de mortalidad. Se imputan los delitos del artículo 326bis y 334 del Código Penal.
La línea eléctrica en cuestión acumula un historial de electrocuciones de aves, cuya máxima gravedad viene determinada por la electrocución de otras águilas imperiales anteriormente y de otras aves, siendo el águila imperial ibérica una de las especies más amenazadas de la avifauna mundial.
Por otra parte, la Delegación Provincial cursó hasta 11 requerimientos exigiendo a su responsable la corrección total de la instalación (570 apoyos aproximadamente) mediante la adopción de medidas de protección para la avifauna. Sin embargo, IDE, empresa mayoritaria en la provincia de Albacete, sólo atiende tales requerimientos con correcciones parciales de escasos postes eléctricos, mientras un goteo constante de electrocuciones resta capacidad a los ecosistemas que atraviesa la instalación, privándolos de las especies más capacitadas para preservar el necesario equilibrio en el medio natural.
Muchos de los territorios que atraviesa la línea forman parte de zonas de especial protección para las aves en la provincia de Albacete, motivo por el cual su adecuación debió realizarse de forma prioritaria.
La querella se dirige contra las mercantiles IDE Redes Electricas Inteligentes, S.A.U y contra la empresa matriz Iberdrola, S.A, así como los máximos directivos de la empresa distribuidora en Castilla la Mancha.
También contra los ingenieros de plantilla que vienen certificando en las inspecciones trianuales que se presentan ante el Servicio de Industria, donde se manifiesta que la línea no presenta deficiencias desde el punto de vista medioambiental. También se imputa al responsable “Compliance Officer” de la mercantil IBERDROLA S.A. Y sería posible también que resultaran imputados los funcionarios que no habrían rechazado las inspecciones según el artículo 329 del código penal por prevaricación ambiental.
La sentencia del Tribunal Supremo no 1215/2021 (Sala de lo Contencioso Administrativo) declara que las electrocuciones de aves pueden producirse en cualquier momento y tanto dentro como fuera de las zonas de protección y que Industria debe considerar la protección de avifauna también como una cuestión de seguridad industrial.
En opinión de la asociación conservacionista, son responsables a tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental y de los artículos 9 y 10 de la Ley 21/92 de Industria, teniendo presente la reiteración que se da en el incumplimiento de estas normas.
A pesar de diversos expedientes sancionadores de la administración, las multas de escasa cuantía motivan que la empresa no se vea suficiente presionada para acometer la necesaria adecuación de la línea.
Más de 2.300 aves muertas en Albacete por electrocución
Desde Adensva señalan igualmente el incumplimiento generalizado de la Ley de Responsabilidad Medioambiental en esta problemática, al no actuarse de forma proactiva aplicando el principio de prevención, pues la empresa viene realizando correcciones puntuales de escasos postes casi siempre de forma reactiva; es decir cuando ya se ha producido la muerte de las aves, y todo ello a sabiendas de la peligrosidad de las instalaciones.
La electrocución se ha llevado por delante en la provincia de Albacete desde 2012 a esta parte, más de 2300 aves, siendo su ausencia o escasez lo que favorece que haya plagas de conejos, pero también de córvidos, algo que acaba alterando de manera drástica el equilibrio en los ecosistemas y provoca, además, graves daños a la agricultura.
Adensva considera que la administración está siendo extremadamente laxa con Iberdrola y es corresponsable en no atajar el problema cuanto antes mediante la aplicación de la normativa medioambiental vigente. También, afirma que ha denunciado ante la Policía Judicial la falta de tramitación de estos expedientes por funcionarios y autoridades de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Albacete, así como por no tramitar expedientes de ejecución forzosa de multas firmes impuestas que, además, obligan a adecuar las líneas eléctricas como un posible delito de prevaricación de las autoridades políticas.
