El concejal del Grupo Municipal Popular de Albacete, Francisco Navarro, ha informado de la moción que su formación presentará al pleno de esta semana para luchar contra la ocupación ilegal, mejorar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, dando traslado de la misma al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes generales y a la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Una moción que «deslinda con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección a las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la ocupación ilegal», asegurando que «a un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos casos».
Concretamente, Francisco Navarro ha explicado que el Partido Popular solicita al Gobierno de la Nación a través de esta moción modificar los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias, así como reforzar el castigo del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas que pasen de los dos años actuales a penas de entre tres y cinco años, ha informado el PP en un comunicado.
Además, desde el Partido Popular se pide al Gobierno de España que se incluyan nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento, así como proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía.
Del mismo modo, los ‘populares’ exigen al Gobierno nacional que modifique la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, así como modificar la legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas.
Navarro ha explicado que la moción también solicita que se incluya un nuevo apartado en el 4 del artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal definido en la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, y que esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni le atribuya ningún derecho. A tales efectos, los Ayuntamientos darán de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello.
Además de las medidas legales ya existentes para combatir esta forma de delincuencia y salvaguardar la propiedad o posesión legítima y pacífica, Francisco Navarro ha explicado que «el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos y, además, ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración: la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas».
