¿Se exhumarán los restos de Moscardó y Milans del Bosch del Alcázar de Toledo?

El general José Moscardó y el teniente coronel Jaime Milans del Bosch, considerados héroes por la dictadura franquista por su defensa del Alcázar durante el asedio de 1936, permanecen enterrados en el Alcázar de Toledo y la ley de memoria democrática que entra en vigor este viernes puede ser una nueva oportunidad para exhumar sus restos del Alcázar, tal y como piden las asociaciones de memoria histórica.

En concreto, Milans del Bosch y Moscardó se encuentran enterrados, con otros militares y civiles que defendieron el Alcázar durante el asedio que se llevó a cabo del 21 de julio al 27 de septiembre de 1936 en la cripta del Alcázar, un espacio que es únicamente visitable por sus familiares con autorización previa, tal y como recoge el Museo del Ejército -que se ubica en el Alcázar- en su página web consultada por EFE.

Y fuentes del Museo del Ejército han asegurado a EFE que la institución cumplirá la ley «escrupulosamente» y que se ajustará a lo que dicte la norma.

Por lo tanto, para dilucidar la situación es necesario acudir al apartado 3 del artículo 38, sobre los actos públicos contrarios a la memoria democrática, que recoge que: «Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura. Corresponderá a las administraciones públicas garantizar lo dispuesto en este apartado».

CREEN QUE ES UNA CUESTIÓN DE VOLUNTAD POLÍTICA, QUE NO HAY

Para el presidente de la asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, la exhumación de quienes siguen enterrados en la cripta del Alcázar es una cuestión de voluntad política pero «parece que no la hay» y compara el Alcázar de Toledo con el Valle de los Caídos, que sí se menciona expresamente en la nueva ley de memoria democrática: «Que me cuenten cuáles son las diferencias».

«Es un lugar público y, en el Museo del Ejército la cripta no es un lugar escondido. Se pasa por ahí» durante la visita al Museo -ya que aunque no se pueda entrar, se encuentra en uno de los laterales del patio principal y los visitantes se pueden parar a mirarla-, denuncia Herreros, que se queja de que «para mayor gloria, mantienen intacto el despacho del general Moscardó dentro del recorrido del Museo».

Y critica duramente que se mantenga en el Alcázar a Milans del Bosch, fallecido en 1997 y que define como «sublevado dos veces», ya que apoyó la sublevación de 1936 y el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, por lo que incluso fue condenado a más de 26 años de cárcel por un delito de rebelión y expulsado del Ejército.

Por ello, lamenta que no se ve «voluntad de acabar con esta cuestión a pesar de la ley», si bien adelanta que como asociación en defensa de la memoria histórica se volverá a plantear a través de algún grupo parlamentario en el Congreso la exhumación de los enterrados en la cripta, y se hará llegar esta petición al Gobierno central.

Con todo, recuerda que ya en agosto de 2018 un senador de En Comú Podem preguntó en el Senado por la posibilidad de exhumar a los militares franquistas de la cripta y, en su respuesta escrita, el Gobierno central descartó la posibilidad.

En concreto, consideró que «no existe exaltación pública relacionada con los militares allí enterrados, pues dicha cripta es un espacio no incluido en el discurso museológico del Museo del Ejército, por lo tanto su consideración es privada al no ser visitable por el público en general, existiendo un procedimiento de visitas solo para familiares de los enterrados, por el que pueden acceder a la cripta los días en los que el Museo está cerrado al público».

Para Herreros, una posible solución sería que los familiares de los allí enterrados pidieran que se les entregaran los restos de sus fallecidos, pero no ve probable que «por parte de los afectados vaya a haber ningún tipo de iniciativa o de conformidad al respecto».

Y también lamenta que por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ni del Ayuntamiento de Toledo se reclame al Ministerio de Defensa la exhumación de los enterrados en el Alcázar y reitera la idea de que «parece que no hay voluntad política» por parte de ninguna Administración y por ello admite su pesimismo.

PIDE QUE NO SE REPITA LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL ALCÁZAR

Más allá de la exhumación de la cripta, Isabelo Herreros confía en que no se vuelva a repetir la procesión de la Virgen del Alcázar, que se celebra a finales de septiembre para «exaltar la sublevación militar».

En concreto, se trata del traslado de la Virgen del Alcázar desde la Catedral hasta dicho edificio, basado en la creencia de que esta virgen protegió a quienes resistieron el asedio y Herreros denuncia que, de este modo, «cada año se exalta con misas y una procesión» el golpe de Estado.

«No es en la calle, no es un terreno, no es una capilla privada. Estamos hablando de dependencias del Ministerio de Defensa de un Estado democrático. Es intolerable», denuncia Herreros, que asegura que actos de este tipo «no se consienten en otros países como Francia, Alemania o Italia».

La posible prohibición de esta procesión también se regula por el artículo 38, en cuyo apartado 1 recoge: «Sin perjuicio de derecho de reunión pacífica y sin armas, regulado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial».

Y continúa la ley: «A tal efecto, si en la celebración de un acto público de esa naturaleza se advirtieran hechos que pudieran ser constitutivos de delito, las autoridades competentes pondrán los mismos en conocimiento del Ministerio Fiscal».

«Es un jubileo de exaltación de la sublevación (…) Esperamos que no se vuelva a repetir», concluye Herreros.

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