La acusación particular pide una pena de tres años y medio de prisión para ocho activistas que intentaron evitar el desahucio de 20 familias con menores en diciembre de 2017 en Cabanillas del Campo (Guadalajara), mientras que la Fiscalía rebaja la petición de condena para los imputados a ocho meses de cárcel.
En una vista que se celebrará el próximo 30 de noviembre en el juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara, se juzgará a ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, (PAH) que en diciembre de 2017 participaron en una negociación en una sucursal de Caixabank de Cabanillas del Campo, para evitar el desahucio de 20 familias con menores, ha explicado en una rueda de prensa la portavoz de la Plataforma Antirrepresión de Guadalajara, Nuria Ramos.
Asimismo, ha indicado que los hechos se remontan al 5 de diciembre de 2017 cuando estos activistas fueron a la oficina bancaria para que la entidad reconociera por escrito lo que se había comprometido de forma oral con 20 familias con hijos menores que iban a ser desahuciadas de sus viviendas.
Según ha asegurado Ramos, la entidad se había comprometido a desalojar a familias con menores de sus casas y ofrecerles un alquiler social, pero no cumplió el compromiso y lo que hizo «fue cederles las viviendas a una gestora que no paraba de hostigar a las familias para obligarlas a abandonas sus casas».
Pero al ver que se iba a cumplir la fecha del juicio del desahucio, los activistas de la PAH decidieron acudir a la sucursal para exigir a sus responsables que plasmaran en un escrito su compromiso, pero éstos se negaron a hacerlo y llamaron a la Guardia Civil, que procedió a su detención, ha relatado la portavoz de la Plataforma Antirrepresión.
En este sentido, ha señalado que la acusación particular de Caixabank considera a los procesados autores de los delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos, por los que pide que cada uno de ellos sea condenado a una pena de tres años y medio de prisión.
A su vez, la Fiscalía solicita que sean condenados a ocho meses de cárcel por los delitos de resistencia y desobediencia a los agentes y allanamiento de un local abierto al público.
La portavoz de la Plataforma Antirrepresión de Guadalajara ha demandado la absolución de los activistas encausados, porque según ha aseverado, la entidad borró las imágenes de las cámaras de seguridad del interior de la sucursal antes de ser requeridas por el juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara para su entrega.
Es un hecho «realmente grave en cualquier proceso penal», ha considerado Ramos, que ha añadido que «sería una prueba de todo lo que ellos como acusación afirman y que no es cierto».
Ramos ha denunciado las «gravísimas consecuencias» que están sufriendo los ocho imputados, empezando por la dilación en el proceso, que se remonta a 2017, y en el que según ha subrayado «hay acusaciones infundadas y que solo van en contra de derechos fundamentales como es el de protesta y defensa del derecho de vivienda».
En este sentido, ha recordado que uno de los delitos imputados por ambas acusaciones, el de allanamiento de establecimiento abierto al público, es una figura penal creada durante el mandato de Mariano Rajoy en 2015, que según la Plataforma Antirrepresión «penaliza una forma de manifestación histórica, y que convierte en delito el desarrollo de protestas pacíficas sociales en el interior de sucursales bancarias u otros espacios».
