La Fiscalía Provincial de Albacete ha sido el escenario en la mañana de este jueves 6 de octubre de la interposición de una denuncia “por presunta corrupción política contra el Ayuntamiento de Valentín Bueno”, indicaba Se Puede Villarrobledo (SPV) en nota de prensa. Los concejales de SPV se desplazaban hasta la Ciudad de La Justicia de Albacete para interponer una denuncia contra la adjudicación pública del contrato de cambio de luminarias por parte del Ayuntamiento de Villarrobledo.
En este sentido han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial “tras constatar que el PP de Valentín Bueno ha otorgado un contrato de 300.000 euros a la empresa propiedad del expresidente del PP de Villarrobledo para llevar a cabo las tareas de cambio de luminarias a cargo de una subvención europea”. Tanto es así, que en esta misma nota de prensa el edil Mario de la Ossa, indicaba que “desde el minuto cero hemos tenido claro que esto no era moralmente aceptable, la gente en la calle veía quién estaba cambiando las luces y nos lo decía con fuertes críticas al PP de Valentín”. Afirmaban desde la formación municipal que han tardado “meses en montar esta denuncia de casi 300 páginas debido a las constantes trabas que nos han puesto, ya que desde el Ayuntamiento apuraban plazos para intentar evitar darnos la documentación, hemos perdido meses, pero no han logrado pararnos: somos firmes y llegamos hasta el final, hoy les hemos denunciado ante el fiscal provincial porque creemos que han actuado de manera ilegítima”.
En este sentido, De La Ossa señalaba directamente “a Bernardo Ortega, presidente de la Mesa de Contratación y a Valentín Bueno, alcalde de la localidad que situó a Bernardo en este cargo y que, con su firma en todos los documentos, ha autorizado la subcontrata que ha llegado a la empresa del expresidente de su propio partido”.
El recorrido del presunto delito detallado por los ediles de SPV
El recorrido del presunto delito era detallado por los ediles de SPV. “A la licitación para el cambio de luminarias a LED se presentaban dos empresas; una de ellas incluía en su oferta la subcontrata con el expresidente del PP de Villarrobledo y la otra no. Tras finalizar la contratación la empresa adjudicataria resultó la que no llevaría a cabo subcontrato alguno, pero apenas unas semanas después esta empresa acabó conveniando un contrato con la misma empresa asociada a su competidora, propiedad del expresidente del PP de Villarrobledo”. En este sentido, De La Ossa resumía “parece que todos los caminos llevaban a Roma y que el contrato sí o sí debía acabar en la empresa agrado de Bernardo Ortega y Valentín Bueno”.
Desde SPV aclaraban la razón fundamental para su voto contra el Plan Antifraude del PP del pasado martes. “Claro que les votamos en contra” y añadían que “con una mano se lavan la cara y esconden lo que hacen con la otra: no íbamos a ser cómplices de esa vergüenza como el PSOE y Cs”
Rubén Nieves, coportavoz de SPV indicaba que “el asunto resultaba especialmente turbio a la hora de examinar la documentación asociada al mismo nos han tratado de ocultar los documentos en los que aparecía el nombre del expresidente del PP, han tratado de agotarnos los plazos para que se nos pasase la capacidad de recurrir a instancias superiores” y es que denunciaban que “el documento original donde aparecía el expresidente rápidamente desapareció, pero ya había una copia en poder del grupo SPV”.
En este sentido, señalaba también Nieves que “la subcontratación se ha hecho sin seguir los trámites marcados por la Ley”, ya que “debían pedir la autorización del Pleno del Ayuntamiento, allí debían explicarlo y nosotros debíamos votarlo”. Consideraba que “no la han hecho y no sabemos si porque su socio de Ciudadanos les habrá pedido que no lo lleven a Pleno, dándoles su apoyo en silencio”. Afirmaban que desde SPV, “el procedimiento es irregular, la adjudicación es inmoral y todo esto ha dado en que 300.000 euros acaben en una empresa propiedad de un ex alto cargo del PP de Villarrobledo sin ofrecer concurrencia al resto de empresas de Villarrobledo”.
“Se llevarán a cabo más actuaciones”, afirmaba Rubén Nieves, quien adelantaba que “llevarán a cabo otra denuncia ante la Oficina Antifraude de la UE y ante la Inspección de Trabajo para que se lleven a cabo, a todos los niveles, las investigaciones y actuaciones necesarias para esclarecer lo que ha sucedido”.
Finalizaban afirmando que “la obligación de cualquier ciudadano, máxime de los cargos públicos, es denunciar todo aquello que se crea ilegal, nosotros nunca nos hemos callado nada, la gente lo sabe bien, y esto no iba a ser una excepción. Jamás aceptaremos este tipo de actuaciones”.
