El jurado declara culpable al acusado de allanamiento en un pueblo de Castilla-La Mancha

El jurado del juicio que se ha celebrado en la Audiencia de Toledo

El jurado del juicio que se ha celebrado en la Audiencia de Toledo contra el acusado de allanamiento de morada, lesiones y daños, al entrar en la casa de otro de Alameda de la Sagra y agredirlo, lo ha considerado culpable de los tres delitos.

Audiencia Provincial de Toledo

Los miembros del jurado han considerado al procesado culpable de los tres delitos, por unanimidad, y también han descartado unanimemente que sean merecedor del beneficio de reducción de la pena y de petición de indulto al Gobierno, según el veredicto que se ha hecho público esta tarde en la Audiencia Provincial de Toledo, en la que se ha celebrado la vista por espacio de tres días.

Tras la lectura del veredicto, el fiscal ha ratificado su petición de que el procesado sea condenado a cuatros años y tres meses de prisión por los delitos de allanamiento de morada y lesiones, y por el delito de daños al pago de una multa durante 20 meses con una cuota diaria de 12 euros.

Asimismo, ha demandado que se prohíba al condenado aproximarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante siete años, así como que se aplique el artículo 89.1 del Código Penal y el condenado sea expulsado de España, ya que es de nacionalidad marroquí, a expensas de que se pueda atemperar o excluir la expulsión si concurren requisitos de arraigo.

En cuanto a la responsabilidad civil, el fiscal ha pedido que el condenado indemnice a la víctima con 14.600 euros por las lesiones que le produjo y los 191 días que tardó en superarlas, así como con 10.000 euros por las secuelas.

Y también ha demandado que pague a la aseguradora los 4.155,28 que la compañía abonó a la víctima por los daños que ocasionó en la vivienda.

Peticiones de las partes

A su vez, el abogado de la acusación particular se ha adherido a la petición de condenas del representante del ministerio público, pero ha aumentado las cantidades correspondientes a la responsabilidad civil, de forma que ha pedido que el acusado pague a la víctima la cantidad de 9.532 euros por las lesiones y 17.498,76 euros por las secuelas.

Además, ha solicitado que como indemnización por la pérdida de calidad de vida le abone otros 10.546 euros, así como que indemnice a las dos hijas menores de la víctima por los perjuicios psicológicos y el estrés postraumático que sufrieron con 25.999 euros a una de ellas y con 6.615 euros a la otra.

En cuanto a la responsabilidad civil por el delito de los daños que ocasionó en la vivienda, el letrado de la acusación particular ha defendido la necesidad de que el presidente del tribunal distinga la indemnización que abonó Seguros de los daños objetos de cobertura, que se tasaron en 7.038, de los cuales debe de responder el acusado, aunque 4.155 serán para la aseguradora.

Por su parte, el abogado defensor del acusado, ha pedido al presidente del tribunal que se aplique la pena mínima establecida para los delitos de allanamiento de morada y lesiones, y que se tengan en cuenta la atenuante de dilación indebida, ya que el juicio se ha celebrado cuatro años después de que ocurrieran los hechos, el 6 de agosto de 2018.

También ha pedido que se le aplique la atenuante de que el acusado cometió los hechos en estado de embriaguez.

Y respecto a la pena por daños, ha planteado que se le rebaje a una cuota de 4 euros diarios, porque es inasumible para él pagar una cuota de 12 euros como piden las acusaciones.

La defensa del condenado se ha mostrado de acuerdo con que pague a la aseguradora los 4.155 euros que demanda el fiscal y ha considerado que no quedan acreditados los gastos que pide la acusación particular, mientras que entiende que el condenado no debe de hacerse cargo de la responsabilidad civil en el caso de las menores.

E Igualmente se ha opuesto a que su defendido sea expulsado del país, porque lleva muchos años viviendo, está casado, tiene trabajo y un hijo menor que nació en España por lo que, en su opinión, la expulsión “carecería de todo sentido”.

Preguntado al respecto por el presidente del tribunal, el acusado ha concretado que lleva dieciséis o diecisiete años viviendo en España y que su hijo tiene 12 años de edad.

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