El PP de Castilla-La Mancha ha reclamado a la Junta que adopte medidas compensatorias para combatir los datos de pobreza que registra la comunidad autónoma y ha culpado a las políticas socialistas de abocar «a miles de familias» de la región «a la más absoluta desesperación».
Así lo ha manifestado en una nota de prensa el vicesecretario de Política Social del PP regional, José Martín-Buro, que este martes ha lamentado que las familias de menor rentan sufran con mayor intensidad el «mayor recorte producido nunca en Castilla-la Mancha en democracia».
A su entender, el Gobierno regional está «castigando» el poder adquisitivo de los castellano-manchegos, condenándolos a perder más de un euro por cada diez de su renta y ahorros, según ha estimado el dirigente popular.
Así, Martín-Buro ha acusado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, de haber convertido a Castilla-La Mancha en la región «donde más cuesta vivir», concretamente un 22 por ciento más que en el resto de comunidades, que además tiene uno de los sueldos más bajos del país.
«Los más perjudicados en Castilla-La Mancha son las personas más vulnerables y con menor nivel de renta, aquellos a los que dicen defender los socialistas y que nos condenan a la pobreza siempre que gobiernan», ha opinado Martín-Buro, que considera «desolador» las cifras de pobreza que registra la región.
Castilla-La Mancha alcanzó en el mes de julio una inflación del 13,2 %, casi un 25 % más que en el resto de España, sumado a que es la región donde más ha subido el IPC a lo largo de este 2022, un 7,4 %, cifras que a su juicio constatan que los castellano-manchegos son «los más pobres y menos competitivos del territorio nacional».
En esta línea, el vicesecretario de Política Social del PP autonómico ha señalado que uno de cada tres ciudadanos de la comunidad son pobres, por lo que ha anticipado que, a las puertas del nuevo curso escolar, muchas familias no van a tener dinero para pagar «ni comida, ni luz, ni agua, ni cualquier suministro básico».
Por ello, la «falta de sensibilidad» de la que, en su opinión, carece García-Page se vuelve «insoportable» en un territorio en donde el año pasado unas 500.000 personas se hallaban en situación de exclusión moderada o severa y 10.000 se encontraban en situación crítica
