La consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha considerado este viernes, en relación a las afirmaciones del párroco de San Pedro (Albacete) sobre las parejas del mismo sexo, que algún sacerdote debería de escuchar «lo que sobre ello dice el papa Francisco».
A preguntas de los medios de comunicación durante una visita que ha realizado al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, Fernández ha señalado el Gobierno de Castilla-La Mancha no comparte las consideraciones que ha hecho el párroco de San Pedro, Óscar Díaz, porque según ha dicho «no se pueden compartir en absoluto» sus manifestaciones sobre las parejas del mismo sexo.
Díaz, afirmó en la homilía del pasado domingo que las parejas del mismo sexo «no son queridas por Dios» y que no está «obligado a aceptar» su forma de vivir.
Al respecto, Fernández ha comentado que a ella la educaron enseñándole «que debía querer a todo el mundo», y ha apuntado que «solo hace falta escuchar al papa para saber que debe ser así, porque habla de que las personas homoxesuales deben ser igualmente admitidas, respectas y consideradas que las personas heterosexuales».
«Aquí no hay diferencia entre personas, ni diferencia entre cristianos y no cristianos», ha aseverado la también portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha sentenciado: «Todas las personas merecemos la misma consideración y respeto».
Por otra parte, Fernández ha mandado un mensaje de tranquilidad ante un posible nuevo caso de pinchazo de sustancias que puedan utilizarse para la sumisión química de las mujeres en Toledo.
Preguntada al respecto, ha asegurado que no tiene confirmación oficial de que se haya producido ninguno, pero, en cualquier caso, ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene establecidos unos protocolos bien claros sobre cómo actuar en estos casos.
En este sentido, ha señalado que los diez casos que se han analizado en la región han dado negativo en cualquier sustancia química o tipo de droga, aunque ha puntualizado: «No podemos descartar que pueda ocurrir».
Asimismo, ha afirmado que en caso de que hubiera una agresión sexual que se derivara de la sumisión química, el Ejecutivo autonómico «actuaría con todo el peso de la ley para erradicar una práctica que tiene a las mujeres bastante preocupadas».
