El Gobierno de Castilla-La Mancha se personará como acusación popular ante una agresión sexual derivada de sumisión química para que recaiga sobre el violador «todo el peso de la ley», según ha avanzado este martes la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández.
En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Fernández ha informado de que esta decisión se formalizará en el próximo encuentro del gabinete para darle forma jurídica, aunque ha advertido de que «la decisión política está tomada».
«No es ninguna tontería ni vamos a mirar a otro lado bajo ninguna circunstancia», ha advertido la consejera, que ha asegurado que las víctimas serán «atendidas, protegidas y asesoradas» ante este tipo de delitos.
En Castilla-La Mancha, diez personas han acudido al sistema sanitario tras haber recibido pinchazos, en ocho de ellos ha habido denuncias y en los otros dos restantes, no.
Todos los casos, salvo dos que aún están pendientes, han dado negativo en un primer análisis de drogas, a falta de la confirmación del Instituto Nacional de Toxicología.
