La Asociación de Estaciones de Servicio de Castilla-La Mancha (AESCM) decidirá al inicio de la próxima semana si aprueba el cierre de sus instalaciones, que dependerá de como se produzca el primer pago tras la entrada en vigor este viernes de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible.
Un descuento que se enmarca en el Plan de Choque elaborado por el Gobierno central para hacer frente a los efectos de la guerra en Ucrania en la economía española con un Real Decreto (RD) que estará en vigor estos próximos tres meses.
La decisión de cierre se podría adoptar en una asamblea extraordinaria de la patronal «para el martes o miércoles próximos», ha confirmado el presidente de la asociación en Toledo, Javier de Antonio, este viernes en rueda de prensa en la que ha puesto de manifiesto el «profundísimo malestar» del sector por esta norma.
De Antonio, que ha estado acompañado por los presidentes de la asociación en Ciudad Real, Francisco Molina, y de Guadalajara, Alberto Domínguez, y por el secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, ha rechazado el RD porque «obliga» a la bonificación y «nos sitúa en posición de colaborado cuando no lo somos como tal».
El también presidente de Fedeto ha dicho no tener constancia del cierre de estaciones en la provincia, como su homónimo de Ciudad Real, porque el de Guadalajara ha confirmado cinco gasolineras que no sirven combustible por un colapso informático, tres de ellas no asociadas -pertenecientes a Repsol-, en pueblos de pequeña población, más una, al menos, en la provincia de Cuenca, en Casasimarro.
«El Gobierno nos obliga a una bajada que tenemos que financiar nosotros, cuando no tenemos capacidad para llevar a cabo este descuento, y ha provocado un cierre, no generalizado, ante la imposibilidad de atender los requisitos financieros y, también, los informáticos, que no se pueden implementar en dos días», ha lamentado.
En este contexto, De Arribas ha calificado la actual situación de auténtico caos» y ha reclamado al Gobierno central que la norma «sea revertida o, al menos, reconsidere la primera propuesta que se hizo, que era bajar los impuestos directos» que, a su juicio, «habría resuelto el problema, habríamos funcionado con total normalidad».
De hecho, ha abundado De Arribas, el problema se puede agudizar en los tres meses de aplicación porque «no tenemos ninguna conciencia de cual va a ser el mecanismo de devolución, el tipo de documentación para solicitar ese dinero» que puede conllevar que «muchas empresas, la mayoría son pequeñas y medianas, nos veríamos obligadas al cierre».
Y, ha resumido: «Estamos pagando la fiesta al Estado. No he visto nunca que un Gobierno obligue a sus empresarios a pagar los gastos que tiene que pagar él» y, por ello, ha zanjado de Arribas, «básicamente somos auténticos recaudadores de impuestos».
Algo con lo que ha coincidido el secretario general de Fedeto, quien ha sostenido que «mayoritariamente, el sector está diciendo que de seguir las cosas así será la ruina del empresario» y que «cuanto más trabaja, más tiene abierta su estación, más dinero pierde».
Madruga ha opinado que no es irreal el cierre patronal aunque la decisión dependerá «de sus asociados y entiendo que el presidente lo recomendará, si no se puede seguir adelante», porque ha puesto como ejemplo que «una estación pequeña, media, pierde entre 1.000 y 2.000 euros al día».
«Estamos financiando las políticas económicas del Gobierno y no habría problema en aprobar una bajada de los impuestos de los hidrocarburos, igual que se ha trasladado a Europa sobre el gas y electricidad, como una medida excepcional» porque «tenemos el doble de inflación y el doble de paro que el resto de países europeos», ha subrayado.
Manuel Madruga ha creído que «no se puede entender que nosotros seamos casi los publicistas del Gobierno» para opinar que «la verdadera tragedia del sector, de las pequeñas y medianas empresas, no las petroleras, es que agonizan desde el punto de vista de tesorería», ha sentenciado.
