El forense que practicó la autopsia al hombre que falleció mientras trabajaba en una finca situado en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) ha asegurado en la tercera y última sesión de este juicio con jurado que su muerte «obedeció a mecanismos naturales» al sufrir un infarto al miocardio.
El forense, que ha declarado como perito en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, donde se juzga a cinco personas acusadas de un delito de omisión del deber de socorro, ha detallado que la muerte del trabajador obedeció a una patología cardíaca que tenía previamente y que posiblemente pudiera desconocer.
Esta dolencia, ha relatado, pudo provocarle la caída que hizo que se golpeara en la cabeza contra el suelo.
El forense ha señalado que la autopsia reveló que no existía fractura craneoencefálica y aunque «la caída fue importante y el golpe lo hubo, este no fue mortal», aunque sí le pudo ocasionar una fuerte conmoción cerebral.
En su declaración, el médico forense ha reconocido que este tipo de muertes «en ocasiones, no suelen ser fulminantes», si bien ha manifestado sus dudas de que si el trabajador hubiera recibido ayuda en la finca en vez de haber sido trasladado a un centro de salud, hubiera logrado salvar su vida.
El juicio, visto para la deliberación del jurado en Castilla-La Mancha
El juicio, que ha quedado visto para la deliberación del jurado, ha concluido con la presentación de los informes finales de las partes, que la acusación particular ha aprovechado para retirar la acusación de omisión del deber del socorro que había ejercido sobre el vaquero de la finca, uno de los cinco personas a las que había sentado en el banquillo de los acusados.
Por el contrario, ha mantenido la acusación contra el resto de los acusados y ha justificado este hecho en el que en su declaraciones ha habido contradicciones.
Además, en sus conclusiones provisionales, ha mantenido que «no se pidió ayuda» para el fallecido, sino que «la prioridad fue otra» y ha mantenido que si hubieran pedido auxilio al 112 y se hubiera mandando una ambulancia, «la víctima podría haber tenido posibilidad de vivir, al no ser una muerte fulminante».
La acusación ha mantenido que el trabajador murió al caerse de unos palets, y así lo demuestra el testimonio del vaquero durante el juicio y uno de los guardias civiles.
Y ha mantenido su petición para el empresario de una multa de 36.000 euros y para el resto de acusados, de 18.000 euros, además de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de algo más de 105.000 euros para los padres del joven fallecido.
Por su parte, la fiscalía ha sostenido en sus conclusiones finales que el fallecido sufrió fue una caída al suelo y que las personas que estaban en la finca le auxiliaron sin tener ningún conocimiento médico.
«Todos los acusados acudieron a verlo y socorrerlo, no lo harán bien, pero acuden a socorrerlo», ha enfatizado el fiscal, quien ha señalado que los acusados deben ser absueltos porque en ningún momento se inhibieron, ni lo ocultaron, ni lo abandonaron a su suerte.
En el caso de las defensas, también han mantenido la petición de absolución para sus clientes, y han pedido expresamente que se condene a las costas a la acusación particular, en caso de que sus clientes queden absueltos.
