El Partido Popular de Castilla-La Mancha buscará la forma para intentar derogar la nueva Ley de Aguas de la región, tras consultar con su gabinete jurídico, al considerar la formación política que el nuevo impuesto que se incluye «es un atraco a mano armada, un sablazo para los ciudadanos y empresas de la región».
Así lo han puesto de manifiesto el vicesecretario territorial del PP regional, Israel Pérez; la diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos y el presidente de los ‘populares’ de la provincia de Cuenca, Benjamin Prieto, quienes han comparecido en rueda de prensa tras la reunión del presidente regional del partido, Paco Núñez, con alcaldes y portavoces del PP en la provincia de Cuenca.
De esta forma, los tres han cargado contra este nuevo impuesto, considerando que «lo único» que busca el Ejecutivo regional «es recaudar», al estimar «que como mínimo se va a ingresar unos 70 millones de euros».
Por ello, han asegurado que desde el PP «se va a buscar la forma de derogar es ley, que es injusta y desproporcionada», y además han considerado que el presidente de la región, Emiliano García-Page, «desconoce cuál es la idiosincrasia de la región».
Preguntado sobre cuál sería la forma de derogar esta ley, Pérez ha apuntado que «ya se verá el devenir, cómo se va a aplicar», y que se consultará con el departamento jurídico del partido «en qué momento se puede ver que la ley no llegue a su fin básico, la recaudación».
«El PSOE se quedó sólo en la aprobación de esta ley», han recordado desde el PP, por lo que Guarinos ha asegurado que «no habría porqué acudir a los tribunales para pedir la derogación, ya que la Junta se tendría que dar cuenta de que, con la subida actual de precios de luz, combustibles o gas, los castellanos manchegos no van a poder pagar nuevos cánones».
Por eso, los ‘populares’ creen que el Gobierno de Castilla-La Mancha «tiene seis meses de plazo para que entre en vigor, y este tiempo tiene que darse cuenta de que la gente no puede pagar más impuestos», reiterando que este nuevo impuesto «tiene carácter recaudatorio y confiscatorio».
SUBIDA DEL TRIBUTO DEL AGUA EN CASTILLA-LA MANCHA
Por su parte, Guarinos ha desglosado, según los cálculos del PP, que este nuevo impuesto «va a suponer para una familia el incremento de entre 60 y 100 euros al año, teniendo un consumo normal, para una peluquería entre 60 y 200 euros al año, para un lavadero de coches en torno a 1500 euros al año».
«Las economías familiares, de las empresas y de los ayuntamientos van a tener un agujero más gordo que el actual si se llega a aplicar esta ley», han alertado desde el PP regional, asegurando que Castilla-La Mancha «es la comunidad con la inflación más alta de España y con los impuestos más altos del país».
Por todo ello, han reiterado que volverán a pedir a García-Page una reducción de impuestos, porque «lo que necesitan los ciudadanos de la región «es un gobierno que no se enriquezca a costa de empobrecer a familias y empresas».
