La Fiscalía de la Región ha solicitado cinco años de prisión y una multa de más de 6.300 euros para el sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Santo Ángel, en Murcia, por concertar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos de nacionalidad nigeriana y española.
Según el escrito de calificación provisional del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, al párroco, de 52 años, se le acusa de organizar un total de 16 enlaces matrimoniales entre la primera quincena de 2001 y septiembre de 2012 con la ayuda de dos intermediarios.
El Ministerio Público apunta que la finalidad era regularizar la situación administrativa de nigerianos mediante la obtención del correspondiente permiso de residencia por ser familiares de ciudadanos de la Unión Europea, al haber contraído matrimonio con españoles.
De esta forma se garantizaba la expedición de las correspondientes notificaciones de matrimonio canónico para su inscripción en el Registro Civil de Murcia y la posterior emisión del Libro de Familia, con el fin de solicitar el permiso de residencia.
Por otro lado, el Fiscal estima que las dos personas que actuaban como intermediarios –ambos de 46 años, uno natural de Sierra Leona y el otro de Argelia– son presuntos autores de un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de otro delito continuado de falsificación de documento oficial, por los que procedería imponerles a cada uno la pena de 30 meses de prisión y el pago de 4.092 euros de multa.
Ambos actuaban de intermediarios para contactar con hombres y mujeres de origen español y residentes en las provincias de Alicante y Murcia, para que estos, contribuyendo a promover la inmigración clandestina de ciudadanos extranjeros dispuestos a pagar cantidades importantes de dinero, facilitaran su DNI, certificado de soltería y partida de bautismo, previo pago de un montante que oscilaba entre los 300 y los 7.000 euros.
Una primera parte del pago se realizaba al contactar con los contrayentes españoles y el resto al hacerles entrega del Libro de Familia. Una vez en su poder dicha documentación, la entregaban al sacerdote para que con ella confeccionara las notificaciones de matrimonio canónico que, posteriormente, trasladaba a los interesados para su presentación en el Registro Civil.
Según el escrito, el cura hacía constar en la notificación domicilios inveraces e inexistentes en Santo Ángel para obviar así las amonestaciones en el lugar de residencia, no procediendo tampoco a la instrucción de expediente matrimonial alguno, ni celebración efectiva de ceremonia matrimonial religiosa.
Para otra veintena de acusados, el Fiscal estima que son autores de un delito de falsificación de documento oficial cometido por un particular, y otro delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por los que pide para cada uno de ellos la pena de 18 meses de cárcel y el pago de 3.348 euros de multa.
