La Audiencia Provincial de Toledo juzgará este miércoles un matrimonio y a otro hombre, acusados de haber estafado a dos personas a las que pidieron 216.000 euros para hacerlos socios en la construcción de una promoción de chalets en el municipio de Val de Santo Domingo, que no llegaron a construirse.
Según se indica en el escrito de acusación de la Fiscalía, en el mes de marzo de 2006, la acusada y los dos querellantes compartían local y ejercían un negocio dedicado a la intermediación inmobiliaria en La Puebla de Montalbán (Toledo), que consistía en la venta de viviendas y chalets de diferentes promociones inmobiliarias por la que obtenían a cambio comisiones.
A su vez, la acusada tenía una empresa dedicada a la construcción de viviendas con su marido y el otro acusado en la que el matrimonio tenía el cargo de administradores mancomunados, y que habían realizado múltiples relaciones comerciales en el ámbito de la intermediación mobiliaria con los querellantes en diferentes ocasiones, por lo que tenían una sólida relación que excedía incluso del ámbito profesional.
El día 22 de marzo del 2006, la acusada, en connivencia con su marido y con su socio y con la clara intención de conseguir una liquidez que no tenían para la compra de un terreno en principio destinado a la construcción de 40 chalets en el Val de Santo Domingo, aprovechó la relación profesional y de amistad personal que existía con los querellantes para poner en marcha un plan, según mantiene el ministerio público.
Dicho plan consistía en evitar que tal operación constara oficialmente y eludir así el cumplimiento de la obligaciones que adquirirían a cambio de la entrega del dinero, por lo que les propuso a los querellantes aportar la cantidad de 216.000 euros para la compra del solar y les convenció de que se trataba de un negocio provechoso y de que, puesto que carecían de liquidez, les harían partícipes del negocio dándoles en permuta tres chalets de los que se construirían en la promoción.
Asimismo, les prometió que les otorgarían la exclusividad en cuanto a la venta del resto como agentes inmobiliarios, con el importante beneficio que eso les supondrían en cuanto al cobro de comisiones, por lo que ellos aceptaron debido a la confianza que se había creado y los negocios que ya antes habían llevado a cabo con éxito.
Los acusados les apremiaron a la entrega del dinero en 48 horas, ya que en otro caso podría frustrarse la operación, y los querellantes lo consiguieron a través de su propio patrimonio y aportaciones de familiares y amigos.
Llegado el día de la firma de la escritura de compraventa del solar, el 24 de febrero del 2006, los querellantes acudieron a una notaría en Escalona (Toledo) con el dinero recaudado en metálico, y allí dos de los acusados lo recogieron fuera del despacho del notario y sin testigo alguno, ya que alegaron que debía hacerse todo inmediatamente y que no había tiempo para documentar nada y que más adelante se realizarían los contratos.
Posteriormente, y a pesar de ponerse en contacto con los acusados en distintas ocasiones desde la misma semana siguiente a la venta y a lo largo de dos años, para conseguir que se oficializara la operación o al menos para lograr que les devolvieran el dinero, y tras innumerables excusas, no lograron ninguna de las dos cosas, perdieron 216.000 euros y no recibieron ninguna comisión porque los chalets ni siquiera llegaron a construirse.
El fiscal considera a los tres procesados autores de un delito de estafa, por el que pide que cada uno de ellos sea condenado a una pena de seis años de prisión, y a que indemnicen conjuntamente a los querellantes con 216.000 euros
