La Fiscalía de Castilla-La Mancha recibe semanalmente información sobre posibles incidencias que se puedan producir en las residencias de mayores de la Comunidad autónoma, un proceso que se realiza en coordinación con la Dirección General de Salud Pública.
Así lo ha explicado el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, en comisión parlamentaria este martes para dar cuenta de Memoria 2021 (Ejercicio 2020) de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma.
Tal y como ha precisado el fiscal, este proceso para facilitar información a la Fiscalía forma parte de diligencias informativas, pero ha señalado que ya no hay diligencias de investigación penal abiertas en la Comunidad autónoma en estos centros.
“Se estableció el envío en casi tiempo real de la comunicación de las incidencias en residencias de mayores”, ha afirmado el fiscal que ha especificado que todos los días se detalla en una “hoja Excel” la actividad que se produce en los centros.
CONTACTOS CON BIENESTAR SOCIAL
En materia de Bienestar Social, el fiscal superior ha avanzado los primeros contactos con la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, para abordar la “capacidad de obrar de las personas discapacitadas”, recogida en la modificación de la Ley 8/2021, que prohíbe la incapacitación judicial en España y que entró en vigor el pasado 3 de septiembre.
“Esta modificación afecta a decenas de miles de personas en Castilla-La Mancha. Supone la revisión de un gran número de procedimientos de personas cuya capacidad está modificada”, ha afirmado Fernández, que añade que muchos de los afectados se encuentran ingresados en centros de la tercera edad.
Por ello, han trasladado a la Consejería de Bienestar Social que necesitan información de estas residencias y apoyo de profesionales para abordar estos procedimientos, como los trabajadores sociales.
En este sentido, ha mencionado que en una reunión este lunes con la
fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, se trató la necesidad de iniciar rápidamente la adecuación y las apreciaciones de esta nueva ley.
TELETRABAJO
Respecto al teletrabajo en los trabajadores de la Fiscalía, Fernández ha señalado que “en la actualidad no hay ningún funcionario que esté teletrabajando” o hay “muy pocos”, al tiempo que ha señalado que hay magistrados en situación de vulnerabilidad o enfermedad grave “que acuden lo mínimo a dependencias judiciales”.
Tras mencionar nuevamente los delitos más comunes en el año 2020 y la evolución de cada una de las figuras procesales, el fiscal ha remarcado la disminución de juicios y, en consecuencia la disminución de sentencias, con un descenso del 20 por ciento de los escritos de acusación por fiscal.
“Seguimos utilizando el instrumento de conformidad ante gran masa de juicios pendientes. De cada 100 procedimientos que podrían llegar a juicio, 50 se excluyen porque hay conformidad. Y de los de los 50 señalados se suspenden 25, y estos vuelven otra vez a la cola para un nuevo señalamiento”, ha afirmado el fiscal superior.
En este escenario, Fernández explica que los juicios no se señalan para “mañana”, sino que pasan meses hasta que se inicia de nuevo el proceso, algo por lo que “debemos luchar”, ha afirmado, a través de “más medios, más magistrados, más fiscales o corrigendo las disfunciones en los retrasos”.
En cuanto a la vulneración de derechos fundamentales en la pandemia, la Fiscalía ha abordado la ratificación de medidas en la región por parte de la autoridad autonómica y solo se dieron algunas discrepancias en cuanto a la participación en comitivas fúnebres, las visitas a varios domicilios de los ancianos o la organización de congresos.
GRUPOS POLÍTICOS
David Muñoz, del lado de Ciudadanos, ha reclamado al fiscal información sobre las discrepancias entre la Fiscalía y la Junta en cuanto a vulneración de derechos fundamentales, teletrabajo en las fiscalías, la suspensión de inspecciones presenciales de los trabajadores de las mismas en las residencias de mayores en los primeros momentos de la pandemia o las diligencias penales abiertas en estos centros.
Desde el PP, la diputada Lola Merino ha incidido en reclamar más detalles sobre la siniestralidad laboral o los delitos por violencia de género, al tiempo que ha pedido más medidas al Gobierno central y al regional para abordar los datos tan elevados de siniestralidad laboral en Castilla-La Mancha.
Por su parte, la diputada socialista Ana Isabel Abengózar ha hecho alusión a las necesidades de plantillas, que se deben atender siguiendo las características y la idiosincrasia de la región, al tiempo que ha lamentado como siguen aumentando los delitos por violencia de género en pleno siglo XXI.
