El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a intensificar en el mes de octubre sus contactos con otros presidentes autonómicos de cara a fijar una posición común en defensa de un nuevo modelo de financiación que tenga en cuenta el coste de los servicios en las zonas más despobladas, reuniones que se mantendrán con líderes regionales con «muchos puntos en común, no ideológicos, pero sí sociológicos».
Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, quien ha recordado que será en noviembre cuando el Gobierno estatal presente su primer borrador del nuevo modelo de financiación autonómica, de manera que estos contactos servirán para ejercer presión de cara a reclamar una mayor dotación.
Tal y como ha insistido, Castilla-La Mancha tiene una «infradotación» de mil millones de euros anuales, y ahora la intención es hacer ver cómo en la España rural, «que hasta ahora ha sido invisible y donde vive el 40% de la población de la región», necesita una mayor dotación de fondos.
«Esta reflexión en nuestro país debe pasar por que los servicios públicos sean valorables y homologables en zonas rurales para mejorar la igualdad de oportunidades y ver cómo estimular la inversión», ha señalado.
En su opinión, si no se hace una reflexión «en serio», en poco tiempo se puede llegar a una situación «muy grave de despoblamiento del territorio», y cuando el terreno no está ocupado, es más propicio a «catástrofes».
