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Impiden la entrada a su colegio a dos alumnas por negarse los padres a que utilicen la mascarilla en el centro

En Mallorca

La Conselleria de Educación y Formación Profesional del Govern le ha impedido la entrada a dos alumnos del CEIP de Costitx de Mallorca por negarse a utilizar la mascarilla en el centro, obligatoria para todos los alumnos mayores de seis años, de acuerdo a la normativa COVID.

Según han informado fuentes de la Conselleria este miércoles, el colegio informó a estas personas de que debían utilizar obligatoriamente la mascarilla, pero “la familia no quiso y se les impidió el acceso, porque ponen en riesgo la salud de los demás y la suya propia”.

Así, la Conselleria ha abierto el respectivo protocolo de abstención y se ha dado constancia al Policía Tutor y a los profesionales. En caso de que la familia no rectifique, se trasladará a la Fiscalía de Menores, tal y como ha adelantado ‘Última Hora’.

Por el momento no se ha detectado ningún caso similar desde que arrancó el curso 2021-2022, el pasado 10 de septiembre, aunque con anterioridad sí que se han dado casos “que siempre se reconducen”, han asegurado.

“Ahora lo que se hace es recordar a las familias en qué consiste la función del Policía Tutor, que trabaja con ellas para convencerlas” de cumplir con las medidas sanitarias, han concluido desde Educación.

OTRO CASO IGUAL EN CÁCERES

Las dos hermanas del colegio Alba Plata de Cáceres cuyos padres se niegan a que usen la mascarilla en clase finalmente tendrán prohibido acceder al centro educativo sin esta medida de protección, por lo que en caso de que no acepten la norma recibirán “atención educativa” desde su casa.

Esto no es, tal y como ha explicado el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, que vayan a recibir clases telemáticas en sustitución de las clases presenciales, sino que fuera del horario lectivo se les facilitarán las tareas realizadas por sus compañeros.

“No estamos ante un alumno especialmente vulnerable que como consecuencia de la pandemia no pueda asistir a clase, sino que estamos ante una decisión de la familia”, ha señalado el secretario general, quien ha matizado que las alumnas recibirán una atención educativa que permita “mantener el seguimiento” y que no se queden “descolgadas” del sistema educativo.

Esta decisión, que es extensible al conjunto de los alumnos de la comunidad autónoma, se ha producido tras la polémica suscitada en el citado colegio cacereño, por el malestar generado en la comunidad educativa por la postura “tajante” de los padres de las alumnas, de 3º y 5º de Primaria, que ha llevado al fracaso a la mediación establecida para resolver el caso.

En una rueda de prensa convocada este mismo miércoles en la sede de la Consejería de Educación, Amaya ha explicado que se trata de una decisión “muy compleja”, adoptada tras poner el asunto en manos de los servicios jurídicos de su departamento y de la Abogacía General, en tanto que se produce una “fricción” entre dos derechos fundamentales, como es el de la educación de las niñas, así como de la salud del conjunto de la comunidad educativa del centro.

Una rueda de prensa en la que, además de subrayar que prevalece el derecho a la salud, ha detallado el conjunto de decisiones adoptadas por la consejería sobre este caso que, ha reconocido, ha “alterado el normal desarrollo” de la comunidad educativa del colegio, desde que el pasado 9 de septiembre tuviera conocimiento de la postura de los padres de las alumnas.

Es obligatoria desde los 6 años

Un caso que ha “afectado” a los docentes y al resto de familias de alumnos del centro, ha señalado Amaya, que genera una “fricción de derechos fundamentales”, el de educación y el de la salud pública, además del incumplimiento de normas, como la Ley 2/21, que establece la obligatoriedad de la mascarilla para niños de más de seis años de edad.

Amaya defiende además que la Junta ha actuado “con diligencia, con rapidez”, y que ha adoptado hasta tres medidas adoptadas de forma gradual en función del desarrollo de los acontecimientos, y siempre “fundamentadas jurídicamente”.

En primer lugar, tras conocer de manos de la directora del centro la situación planteada por la familia de las dos alumnas, la consejería acordó que prevaleciera el derecho a la educación “sin descuidar” el derecho a la salud, por lo que se instó a extremar el resto de medidas de protección, es decir, más ventilación, más distancia y mayor frecuencia de lavado de manos.

Tras el “malestar” de los padres de los alumnos el día 10, coincidiendo con el inicio del curso escolar, por el hecho de que dos compañeras de sus hijos no llevan la mascarilla, se decide establecer un plan de mediación.

En este encuentro el 13 de septiembre, la familia se mantiene firme en que sus hijas no llevarán la mascarilla en clase, por lo que se decide cautelarmente que puedan entrar en el centro para recibir atención educativa en un aula distinta a la de sus compañeros, para garantizar así el derecho a la salud pública de la comunidad educativa y el derecho a la educación de las niñas.

Sin embargo, la mediación se “frustra” y la consejería, tras consultar a la abogacía general y vistas las “variantes”, este miércoles ha decidido que desde este jueves, 15 de septiembre, “ningún alumno que deba llevar mascarilla y que no justifique la ausencia de la misma médicamente, entrará en un centro educativo”.

Con ello, estas dos niñas del colegio Alba Plata, si no llevan mascarilla al inicio de la jornada escolar, no podrán entrar en el centro. Una decisión que se hace extensible al resto de alumnos de los centros educativos de la región.

Una decisión que responde al “conflicto de derechos y bienes jurídicos de las niñas”, cuya familia, ha remarcado Amaya, está “decidiendo por la salud de las niñas y también por el derecho a la educación”, en tanto que en todo el país “el único escenario para el curso 2021/2022 es el de la máxima presencialidad”.

A preguntas sobre la posibilidad de que los padres corran el riesgo de perder la patria potestad de las niñas por no garantizar su derecho a la educación, Amaya ha señalado que se van dando los pasos marcados por los servicios jurídicos, y que una cuestión de estas características se tendrá que determinar “más adelante” en función de como se desarrollen los acontecimientos.

En esta misma línea, y preguntado sobre si la Junta actuará jurídicamente contra la familia, ha señalado que se ha puesto el caso en manos de la Abogacía General para adoptar las “decisiones oportunas”.

Por último, Amaya ha señalado que ni siquiera el pasado curso, en un contexto diferente al actual que complicaba más la presencialidad, se tuvo notificación sobre casos similares.

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