La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha, «como no podía de ser de otra manera», acata las decisiones que adopte cualquier tribunal y no va a cuestionar ninguna decisión que venga de un juez, respecto al pronunciamiento del Tribunal Supremo en cuanto a avalar la negativa de obligar a trabajadores a hacerse pruebas contra la COVID-19.
Este jueves la Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo (TS) desestimó este jueves el recurso presentado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la región, de 9 de agosto, que denegó la medida obligatoria para todos los trabajadores de las residencias de mayores de someterse a pruebas periódicas de diagnóstico de infección por COVID.
En nombre del Consejo de Gobierno, Rodríguez ha señalado que la decisión «se adoptó como medida preventiva y para reforzar la seguridad en los centros de mayores», y ha recordado que además se establecieron otras medidas para garantizar la seguridad de los mayores en los centros residenciales.
Asimismo, ha apelado a la responsabilidad de todos (trabajadores, mayores y familias) para que sean responsables y comedidos. Por último, ha alabado el saber estar de los mayores, que «han sido un ejemplo».
