En el artículo titulado “Renewables in Spain threaten biodiversity” publicado en hace menos de un año en la prestigiosa revista Science, 21 científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) explican que para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el Gobierno español se ha propuesto instalar 89 gigavatios de energía eólica y fotovoltaica. En el artículo se hace referencia al documento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
En el mismo artículo, este grupo de investigadores exponen que hasta la fecha de publicación del mismo, se había permitido el acceso a la red de 121 gigavatios, que se añadieron a los 36 gigavatios ya instalados. Ya por entonces los proyectos autorizados doblaban los objetivos del PNIEC.
Continúan afirmando que los proyectos afectarían a cientos de miles de hectáreas y que no había manera de compensar la enorme cantidad de valiosos hábitats que se habrían de perder. Avisan de que España debería adoptar un enfoque más cauto en el desarrollo de estas energías con el fin de prevenir un escenario en el cual las metas en materia de energías renovables se alcanzarían a expensas de la biodiversidad.
Informan de que la mayor parte de las renovables se suelen instalar en terrenos “baratos” que sin embargo tienen un alto valor ecológico, como tierras de cultivo extensivo de cereal que albergan valiosas poblaciones de aves esteparias, así como en sierras que sirven de hogar a rapaces de las cuales España tiene las más numerosas poblaciones de Europa.
El artículo continúa “dibujando” el panorama de destrucción que supone este modelo salvaje de instalación de renovables. Describe cómo las instalaciones fotovoltaicas necesitan cantidades ingentes de terreno, afectando sobre todo a las especies de aves esteparias. Las poblaciones de aves carroñeras pagan también el elevado peaje de las 20.000 turbinas instaladas. Por otro lado se estima que mueren como mínimo 200.000 murciélagos al año.
Desde la Sociedad Albacetense de Ornitología consideraban tras analizar este artículo que “los estudios predictivos sobre la previsible mortalidad, apuntan, tienen escaso poder predictivo y además cuando se detectan puntos de especial mortalidad, las turbinas nunca se paran, como se recomienda”.
Reconocían que “un modo de reducir esta mortalidad es escoger lugares adecuados para instalar estos parques, pero la administración no ha hecho y no quiere hacer sus deberes. Por un lado no se dispone de información actualizada porque no se revisan los planes de recuperación y por otra parte, a pesar de que en los estudios ambientales se encuentren especies protegidas, la administración lo pasa por alto, autorizándose proyectos en zonas con especies que no están debidamente protegidas porque los datos sobre sus poblaciones no están actualizados”.
Los estudios que permiten monitorizar y predecir el impacto de las instalaciones de energías renovables “corren a cargo de las mismas compañías que las instalan, a menudo con muy poca supervisión por parte de las Administraciones, lo cual elimina cualquier atisbo de independencia en sus conclusiones”, apuntaban. Además exponían que, “el problema se exacerba con una práctica que desde la SAO hemos denunciado por activa y por pasiva ante Administración Regional: la fragmentación de los proyectos, de modo que se valora el impacto de cada fragmento por separado, sin tomar en cuenta las consecuencias medioambientales del proyecto total, o la carencia de alternativas de ubicación reales. No hay una evaluación en profundidad del impacto acumulativo medioambiental porque, además, la responsabilidad de divide entre las administraciones central, autonómicas y municipales”.
Estos 21 investigadores, que desempeñan su labor en diversos Centros de Investigación dependientes del CSIC, así como en equipos de investigación, de universidades de toda España, incluyendo en nuestra Región al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (CSIC–Universidad de Castilla-LaMancha) , concluyen que “urge corregir estas deficiencias y implementar una planificación rigurosa y comprehensiva, que tome como base una base de conocimiento más profunda y actualizada sobre ecología”. Igualmente reclaman además “un compromiso más fuerte con el ahorro energético, que reduzca el impacto del desarrollo sobre el medio ambiente como la eficiencia energética, el autoconsumo y una mejora del comportamiento energético de los edificios”.
“Hemos querido ir haciendo referencia párrafo por párrafo a este artículo, porque las propuestas publicadas en notas de prensa e informes, los recursos presentados ante las administraciones e incluso las demandas en los juzgados que las asociaciones civiles presentan, tienen un fundamento avalado por la ciencia. No se trata de posturas radicales sin sentido”, subrayaban en un comunicado desde la Sociedad Albacetense de Ornitología.
Ahondando en el aspecto de las poblaciones de aves afectadas, “queremos denunciar una vez más que en el caso de la provincia de Albacete, con respecto de las aves puertas por colisión con aerogeneradores, la Administración o no proporciona datos, o lo hace de manera incompleta o tarde. Está obligada por la ley, pero de manera continuada y pertinaz hace caso omiso de ella. Esto supone un problema añadido, y muy serio, porque si no hay información es muy difícil realizar una labor de protección adecuada”, matizaban.
“Hemos podido saber, por ejemplo, que desde 2017 hasta el día de hoy, en nuestra Provincia han muerto por colisión 13 buitres leonados (Gyps fulvus), 2 águilas culebreras (Circaetus gallicus), 1 águila pescadora (Pandion haliaetus), 1 halcón abejero (Pernis apivorus) , 1 busardo ratonero (Buteo buteo), 1 aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), y lo que resulta más grave, ya empiezan a morir en instalaciones eólicas especies catalogadas “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”, como 1 águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y 2 milanos reales (Milvus milvus). Esto hace un total de 22 rapaces en un periodo de casi más de tres años. Los datos, por tanto, son exiguos si tomamos en cuenta que en otras provincias de la geografía española con un clima y hábitats parecidos a los nuestros las cifras de aves muertas por colisión resultan desorbitantes. Para que nos hagamos una idea, estudios de la Universidad Miguel Hernández de Elche arrojan una cifra de 700 buitres muertos en España cada año por colisión con aerogeneradores. Parece que desde que empezaron a recogerse datos en España, hace 20 años, han muerto 10.000 buitres, por la misma causa. Si se toman en cuenta las muertes de otras especies como las que citamos más arriba, los números alcanzan valores más que graves”, destacaban.
A partir de las reflexiones que aparecen en el artículo de la revista Science y de los datos, y centrándose en el ámbito donde la SAO lleva a cabo su labor, que “es la provincia de Albacete, nos hacemos algunas preguntas: ¿Por qué se siguen autorizando parques en zonas IBA, cuando éstas ya avalan un gran valor avifaunístico de la zona? ¿Por qué se sigue permitiendo la fragmentación de los proyectos, creación de empresas únicamente para adquirir los derechos de evacuación de energía para después especular con esos derechos?”, señalaban
“En Castilla-La Mancha ya se produce más energía renovable que la energía que se consume, así Castilla-La Mancha cerró el año 2020 demostrando su potencial en solar fotovoltaica: produjo una quinta parte de la energía generada a partir del sol en toda España. Con 3.078 GWh, la región fue la segunda comunidad con mayor producción en esta tecnología, solo superada por Andalucía. Así lo pone de manifiesto el Avance del Informe del sistema eléctrico español 2020, una publicación de Red Eléctrica de España (REE) que recoge las principales magnitudes anuales del sistema eléctrico español”, detallaban.
El informe destaca que en 2020 Castilla-La Mancha anotó una generación similar a la registrada en 2019 alcanzando los 22.922 GWh. La región cerró el año con un saldo exportador a otras comunidades, ya que genera el doble de lo que demanda. Del total de la producción, el 52,4 % fue renovable y el 86,2 % se generó a partir de tecnologías que no emiten CO2 equivalente (gases de efecto invernadero) a la atmósfera. Castilla-La Mancha se convierte así en la tercera región en 2020 con mayor participación de tecnologías que no emiten CO2 equivalente en su producción de electricidad, por detrás de Extremadura y Castilla y León.
En relación con la potencia instalada, a 31 de diciembre el parque generador castellanomanchego ya contaba con 9.202 MW, un 8,4 % del total nacional. El 75 % ya es renovable y es la tercera región con mayor potencia instalada en eólica y fotovoltaica. Estas dos tecnologías lideran el parque generador de la comunidad y siguen creciendo: en 2020 han puesto en servicio 266 nuevos MW (201 de fotovoltaica y 65 de eólica).
“¿Y de qué nos ha servido tanta energía supuestamente limpia? Tan sólo en pérdida de biodiversidad y deterioro del paisaje”, sostenían desde la Sociedad Albacetense de Ornitología.
Indicaban que, sin embargo, “se continúa fomentando la burbuja de las energías renovables, con un gran coste ambiental, donde las más damnificadas son las aves amenazadas y en peligro de extinción como nuestra águila imperial ibérica, especie endémica de la península ibérica, que se reproduce solo en España y Portugal, para la que existe un programa de ayuda a la restauración de los ecosistemas con el fin de recuperar las poblaciones de esta especie y donde se invierte una gran cantidad de dinero, que empezamos a perder con la muerte de ejemplares por colisión con los aerogeneradores, y su repercusión sobre el equilibrio ecológico”.
“La SAO seguirá defendiendo la biodiversidad apoyándose siempre en la coherencia, en el rigor científico y la legalidad vigente y por lo tanto denunciará por todos los medios posibles cualquier atentado contra el medio ambiente como el que se produce a través de estas autorizaciones descabelladas de parques eólicos en Castilla La Mancha y particularmente en la provincia de Albacete”, concluían.
