El president de la Generalitat, Ximo Puig, de acuerdo con la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, ha encargado a la Abogacía que estudie un recurso frente al real decreto que cambia las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y supone «un recorte de las trasferencias hídricas a la Comunitat Valenciana».
La consellera ha rechazado cualquier modificación previa al acuerdo de los planes hidrológicos: «El orden de los factores altera el producto. Plantear un cambio de las reglas explotación antes de culminar el proceso de planificación hidrológica no solo es un insulto, sino también un peligro para el trasvase».
Mollà ha apelado a la importancia de la agricultura del sur de la Comunitat Valenciana, uno de los sectores productivos más importantes no solo de la Comunitat Valenciana sino de España.
«Me parece que tiene la suficiente magnitud como para que el Gobierno se repiense está dinámica que no responde a unos intereses sociales, económicos ni siquiera ambientales», ha opinado.
Preguntada sobre posibles protestas, Mireia Mollà ha asegurado que no tiene problema en acudir a las manifestaciones, pero ha precisado que «hay que ir con la misma legitimidad con la que se va a las manifestaciones a las mesas de negociación».
«No voy a hacer como otros partidos políticos, que lo que hacen es abanderar manifestaciones, pero que no tienen ningún tipo de voluntad de negociar, de hablar, de dialogar y de respetar a los interlocutores que tienen que llegar a un acuerdo», ha subrayado.
La consellera ha asegurado ser «del equipo del diálogo siempre. Cuando se quiere solucionar un problema, si no estás en el equipo del diálogo, el problema no se soluciona», ha finalizado.


