La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) va a iniciar el próximo lunes, 17 de mayo, la exhumación de dos fosas comunes en la localidad de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real. En ella se espera recuperar los restos de 30 víctimas de la represión franquista, asesinadas después de la guerra, entre junio de 1939 y noviembre de 1940.
En nota de prensa, la asociación ha informado de que en Manzanares hay un total de 288 víctimas asesinadas entre 1939 y 1947. De estas hay 255 enterradas en una fosa intramuros y dos con 33 personas extramuros; la separación entre ellas se debe a la división entre las zonas católica y civil del cementerio. En esta primera actuación de la ARMH se va a llevar a cabo la exhumación de la zona civil, lo que fue extramuros.
“Los familiares han estado muchos años protegiendo ese lugar. En 1981 la viuda de uno de los asesinados, Josefa Peñuelas, viuda de Francisco Martín Alcarazo, promovió la colocación de una placa con todos los nombres”, han explicado desde la asociación.
Durante los quince días que tienen previstos los trabajos de exhumación, la ARMH recogerá muestras de AND de los familiares, aunque hay algunos que ya han hecho por su cuenta esa gestión, tratará de localizar a las familias que todavía no están en contacto; y recogerá información y documentación de los familiares de otras fosas con vistas a otras posibles actuaciones.
Todos los gastos de la exhumación son sufragados con recursos propios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que “no solicita subvenciones para las exhumaciones por qué se opone a este modelo por parte de las administraciones públicas y defiende que sean atendidas directamente por las distintas Administraciones del Estado y no por asociaciones”.
“Desde esa perspectiva, ahora que el Gobierno central prepara una nueva ley de memoria democrática, la ARMH defiende que el Estado cree un organismo público y atienda directamente a las familias. Los derechos humanos no se subvencionan, los derechos humanos se garantizan y cuando una administración financia una cierta ayuda a unas familias y a otras no, está creando una discriminación entre las víctimas”, han criticado.
